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Se deriva de las reformas del artículo 6° Constitucional, relativas al Derecho a la Información, que se promulgaron en 1977 y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó casi 20 años después; a fin de que los mexicanos ejercieran su derecho de conocer la información producida y controlada por los actores públicos.
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Se implementaron diseños institucionales, políticas y nuevas
prácticas democráticas para consolidar un Estado más responsable ante la ciudadanía, que rinda cuentas. Como una medida de consolidación de la democracia, se vivió en el país un impulso por la transparencia y el acceso a la información. -
Medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información, lo que derivó en la llamada Declaración de Oaxaca y en la inserción del tema en la agenda pública.
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Inserción del tema en la agenda pública, para contar con una ley de acceso a la información.
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Iniciativa del Grupo Oaxaca, (PRI, PRD, PT y Convergencia), dicha promulgación tuvo dos componentes fundamentales: 1) El reconocimiento de que los ciudadanos pueden solicitar información al gobierno federal y que éstos deben entregarla, es decir, el reconocimiento legal del DAI. 2) La construcción de un complejo entramado de instituciones y de
procesos para implementar dicho derecho. -
Se creó al promulgarse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP).
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Las diferencias entre los marcos legales estatales y el federal tuvieron como resultado que, el 22 de noviembre de 2005, dentro del Primer Congreso Nacional de Transparencia Local, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaran la Declaración de Guadalajara y promovieran una reforma constitucional en materia de transparencia.
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La aplicación del nuevo contenido, trataba de solventar problemas en los estados: restricciones al derecho a la información pública; criterios para considerar reservada la información excesivamente laxos; interpretaciones restrictivas del derecho a la información; y organismos sin autonomía de los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales no subsanaron sus deficiencias; el proceso de adecuación de las legislaciones estatales no cumplió en todos los casos con las metas establecidas.
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En 2013 se hicieron reformas que garantizaron en correspondencia por lo dispuesto a los tratados internacionales en la materia, el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
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Esta reforma se hizo para renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de la implementación de un sistema integral en la materia que garantizara, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México.
