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Construcción del derecho de acceso a la información
El DAI se deriva de las reformas al artículo 6º constitucional, relativas al derecho a la información, que
se promulgaron en 1977 y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó, casi cuatro lustros
después, a fin de que los mexicanos ejercieran su derecho de conocer la información producida y
controlada por los actores públicos -
Herramienta de rendición de cuentas
el esquema de democracia representativa, los representantes electos son responsables si los votantes tienen oportunidad de discernir sobre su actuación en función de sus
intereses y, en caso contrario, sancionarlos oportunamente; de modo que aquellos gobernantes electos que actúen de acuerdo con el interés de los ciudadanos puedan resultar reelectos y que quienes actúen en sentido contrario a dicho interés no lo sean. -
Derecho de acceso a la información
La promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP) tuvo dos componentes fundamentales: 1) El reconocimiento de que los
ciudadanos pueden solicitar información al gobierno federal y que éstos deben entregarla, es decir, el reconocimiento legal del DAI y; 2) La construcción de un complejo entramado de instituciones y de
procesos para implementar dicho derecho. -
Leyes de Transparencia
veinte entidades promulgaron leyes en materia de
transparencia y, el resto, tardó más de 5 años en hacerlo -
Marcos legales
Las diferencias entre los marcos legales estatales y el federal tuvieron como resultado que posteriormente, dentro del Primer Congreso Nacional de Transparencia Local, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaran la Declaración de Guadalajara, promovieran una reforma constitucional en materia de transparencia. -
Evaluación de Gobierno Abierto en México
El Open Government Partnership es una organización internacional que a través del Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project) desarrolló el índice de gobierno abierto, el cual se elabora con
los datos arrojados por 100 mil encuestas aplicadas en las tres ciudades principales de cada país, con un análisis de los datos abiertos de cada gobierno, de acceso a la información, de participación ciudadana y de la eficiencia de los mecanismos de denuncia. -
La transparencia
La transparencia consiste en hacer pública la
información que se genera en las organizaciones públicas, para que las personas interesadas puedan
revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para actuar y tratar de sancionar, si se
exhiben anomalías. -
La calidad de las leyes de acceso a la información en México
El Open Government Partnership (OGP) es una organización que elabora una medición llamada índice de gobierno abierto, en la que desarrolla un ranking mundial para evaluar la calidad de las leyes de
acceso a la información en 102 países alrededor del mundo, con base en 4 variables (2015):
1) Leyes publicadas y datos gubernamentales
2) Derecho de acceso a la información
3) Participación de la sociedad civil
4) Mecanismos de queja -
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
En 2013 se hicieron reformas al artículo 6º constitucional, las cuales garantizaron, en correspondencia con lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia, el derecho de toda persona al libre
acceso a la información plural y oportuna, así́ como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. -
La institucionalización de la transparencia: el INAI y el acceso a la información
Al INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales), se le asigna la misión de armonizar la política de transparencia a
nivel federal. Como hemos mencionado, a nivel local también se implementaron los institutos de acceso a la información pública gubernamental a fin de dar cumplimiento a este derecho. -
La política de transparencia: Sistema Nacional de Transparencia
A partir del entramado legal se desprende la política de transparencia, que consiste en las decisiones y los procesos aceptados por el Estado para darle contenido sustantivo a los principios democráticos de responsabilidad, publicidad e inclusión en la agenda gubernamental. Su objetivo es responder a los problemas de asimetría de la información en la acción pública y vincular las decisiones tomadas por los distintos actores gubernamentales con la mayor apertura posible.
