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Se deriva de las reformas al artículo 6º constitucional, relativas al derecho a la información, concluida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, casi cuatro lustros después.
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Implementan diseños institucionales, políticas y nuevas prácticas democráticas para una consolidación de un Estado más responsable ante la ciudadanía, es decir, que rinda cuentas.
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2000-2006, se dieron avances importantes en materia de e-gobierno, los esfuerzos por implementar una agenda de gobierno electrónico se intensificaron en 2001 con el programa e-México de la administración de Vicente Fox y continúan hasta hoy con la Estrategia Digital Nacional del Gobierno Federal.
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En el seminario realizado en la ciudad de Oaxaca, donde medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información.
Se le denomina Declaración de Oaxaca y se busca la inserción del tema en la agenda pública. -
- Jalisco
- Sinaloa
- Aguascalientes
- Querétaro
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Dicha promulgación tuvo dos componentes fundamentales:
1.- Reconocimiento al derecho de los ciudadanos poder solicitar información al gobierno federal y que éstos deben entregarla, reconocimiento legal del DAI.
2.- La construcción de un complejo entramado de instituciones y de procesos para implementar dicho derecho. -
Una de las políticas fue Instalación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
La misión del IFAI, en un primer momento fue la de garantizar el derecho a la información pública promoviendo la política de transparencia y rendición de cuentas, posteriormente se le adjudico la protección de datos personales, pasa a ser INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales -
1 El acceso a la información como derecho humano universal.
2 La información pública le pertenece a las personas.
3 Máxima apertura de los poderes del Estado.
4 Obligación de publicar y entregar la información que posee el Estado.
5 Procedimientos sencillos, ágiles y a costos mínimos.
6 Mínimas excepciones.
7 Organismo autónomo para promover la apertura y resolver controversias.
8 Tras la pista del dinero público.
9 Consistencia jurídica.
10 Promoción del federalismo -
2003 Nuevo León, Durango, Colima, S.L.P., Colima, D.F., Guanajuato, Morelos y Coahuila.
2004 Edo. Mex., Quintana Roo, Yucatán, Nayarit, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla y Tamaulipas.
2005 Sonora, B.C.S., Campeche, B.C., Guerrero y Chihuahua.
2006 Oaxaca, Chiapas, Hidalgo.
2007 Tabasco. -
La independencia de la política de transparencia comienza en 2004, cuando se conformó la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública.
Impulsar los principios de publicidad, transparencia informativa y apertura gubernamental en la República Mexicana en los niveles constitucionales de gobierno, a fin de lograr un mejor cumplimiento de las atribuciones que la ley confiere a los órganos de acceso a la información pública locales y al IFAI. -
Los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaran la Declaración de Guadalajara, promovieron una reforma constitucional en materia de transparencia e información pública.
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Después de un año, se entrega al Legislativo Federal una iniciativa de reforma constitucional, presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados por los coordinadores de los ocho partidos políticos representados en el Congreso.
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Decreto que modificaba la Constitución para incluir al Derecho de Acceso a la Información, adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6° de la Constitución.
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En 2008, todos los estados contaban con legislación en materia de transparencia y acceso a la información.
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Se hicieron reformas al artículo 6º constitucional, garantizando en correspondencia con lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia, el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna.
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Desde 2003, el índice de desarrollo de gobierno electrónico realizado por Naciones Unidas cada dos años, evalúa el desempeño en materia de gobierno digital. Es el único informe en el mundo que evalúa el estado de desarrollo del gobierno digital de 193 países. Evalúa tres aspectos:
1) la disponibilidad de servicios en línea;
2) la infraestructura de telecomunicaciones, y
3) la capacidad humana -
Emisión en el Diario Oficial de la Federación otra reforma al artículo 6º constitucional renovando los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales, con la implementación de un sistema integral en la materia que garantizara, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México.
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Se otorga autonomía constitucional, aumentó́ el número de comisionados, de cinco a siete, se amplió́ de manera importante su ámbito competencial, a partir de la reforma podías conocer los asuntos relacionados con los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que formara parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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Durante 2013-2015, México se unió a Open Government Partnership, con la finalidad de consolidar los esfuerzos en materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción con iniciativas e instrumentos internacionales, destacando: la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
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La mejor legislación en materia de transparencia y acceso a la información la tiene el Distrito Federal, que es la única ley con el rango de calificación “bueno”. Después las entidades con mejor calificación son Coahuila, Guerrero, Puebla, Nayarit, Chihuahua y Jalisco. En los últimos lugares se encuentran Hidalgo, Guanajuato, Colima y Baja California Sur
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El objetivo de este instrumento jurídico era ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información para que el Estado mexicano adoptara el nuevo paradigma de gobierno abierto.
Sujetos obligados:
Poderes Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos autónomos
Partidos políticos
Fideicomisos y fondos públicos
Sindicatos
Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
