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  consiste en un conjunto de garantías jurídicas que
 afirman la igualdad de los ciudadanos ante la ley, transforma la transparencia en un derecho
 humano fundamental que debe ser regulado y tener condiciones de justiciabilidad, es decir, debe tener
 medios de protección y garantías de que será respectado y cumplido.
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  Se dio como resultado de dos sucesos
 fundamentales: un seminario convocado en la ciudad de Oaxaca, donde medios de comunicación y
 académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información, lo que derivó en
 la llamada Declaración de Oaxaca y en la inserción del tema en la agenda pública; y la Promulgación
 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental LFTAIP en el
 año 2002.
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  Dentro del Primer Congreso Nacional de Transparencia
 Local, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaran la Declaración de
 Guadalajara, para promover una reforma constitucional en materia de transparencia.
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  Las cuales garantizaron, en correspondencia con lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia, el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir, y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio medio de expresión. El 7 de Febrero fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
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  La finalidad de este instrumento jurídico fue ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información para que el Estado mexicano adoptara el nuevo paradigma de gobierno abierto. Buscaba reducir espacios de opacidad y discrecionalidad en la gestión pública y ampliar la participación ciudadana en favor de la transparencia.
