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La reforma al artículo 6° de nuestra Carta Magna Constitucionalizó como derecho fundamental el acceso a la información pública
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A partir de la transición a la democracia, se han implementado diseños institucionales, políticas y nuevas prácticas democráticas con miras a la consolidación de un Estado más responsable ante la ciudadanía, es decir, que rinda cuentas.
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Se vivió en el país un impulso por la transparencia y el acceso a la información convocado en la ciudad de Oaxaca, donde medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información
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No todas las entidades federativas comenzaron a modificar sus marcos normativos en la materia, para reconocer el DAI y así crear los instrumentos y prácticas necesarias para garantizarlo.
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Se implementaron las políticas de transparencia a fin de ayudar a reducir las asimetrías de información que causan muchos de los problemas e ineficiencias al interior de las organizaciones gubernamentales. El primer paso hacia dichas políticas, fue la instalación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI
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Se promueve una reforma constitucional en materia de transparencia, dentro del Primer Congreso Nacional de Transparencia Local, la cual al año se presento como iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de Diputados.
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Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, adicionando un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6°, en donde el derecho a la información es un derecho fundamental, la publicación de la información gubernamental completa y actualizada del ejercicio de los recursos públicos y de los indicadores de gestión de los sujetos obligados
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Los estados comenzaron a normar el DAI en sus marcos legales y a hacer institutos de acceso a la información pública estatal, modificando el artículo 6º homologando las leyes sobre la transparencia, dando autonomía a los institutos de acceso a la información y agregar la función de protección de datos personales. Pese a ello, continuó la heterogeneidad de las regulaciones estatales, lo que llevó a la creación de una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Es una organización internacional con una iniciativa multilateral dirigida a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza.
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Se refirió a la transformación gubernamental, ya que ha explotado la tecnología para innovar de manera continua y mejorar sus operaciones con el objeto de satisfacer las necesidades de los ciudadanos de la mejor manera posible a través de la integración, simplificación e implementación de procesos
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Es un nuevo modelo de gobernanza que busca transformar la relación entre gobierno y sociedad para fortalecer la democracia basandose en una cultura de transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas que permite la creación de nuevos emprendimientos y la generación de soluciones a retos públicos que se suscriben al desarrollo del país.
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La finalidad de este instrumento jurídico es ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información para que el Estado mexicano adopte el nuevo paradigma de gobierno abierto. Buscando reducir espacios de opacidad y discrecionalidad en la gestión pública y ampliar la participación ciudadana en favor de la transparencia, quedando comprendidos toda autoridad, entidad, órgano y organismo.
