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En México, la instrumentación del e-gobierno tiene sus primeros antecedentes durante la década de los setenta, por parte de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y Nacional Financiera, en el uso de los servicios de cómputo electrónico proporcionados por la Universidad Nacional Autónoma de México.
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En el año 1977, se promulga el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 6 constitucional.
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En el 2000 se implementan diseños institucionales, políticas y nuevas prácticas democráticas con miras a la consolidación de un Estado más responsable ante la ciudadanía (rendir cuentas).
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En 2001 se intensifica implementar una agenda de gobierno electrónico con el programa e-México en la Administración de Vicente Fox y continuando hasta el día de hoy con la Estrategia Digital Nacional del Gobierno Federal.
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Medios de comunicación y académicos abordaron el contar con una ley de acceso a la información, derivando la Declaración de Oaxaca y la inserción del tema en la agenda pública, y la Promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Los primeros estados en promulgar una ley de acceso a la información fueron Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes y Querétaro.
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A partir de 2002 se implementaron las políticas de transparencia a fin de ayudar a reducir las asimetrias de Información que causaban ineficiencias y problemas dentro de las organizaciones gubernamentales.
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A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 12 de junio de 2003, las instituciones quedan obligadas a dar acceso a la información, mediante una solicitud de acceso.
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En 2004 comienza la independencia de la política de transparencia cuando se conforma la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP)
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Se emite en el año 2005, el acuerdo para la creación de la las Comisión Intersecretarial de Gobierno Electrónico, que tuvo como principal objetivo usar Tics para el buen gobierno.
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El día 22 de Noviembre dentro del Primer Congreso Nacional de Transparencia Local, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firman la Declaración de Guadalajara, para promover una reforma constitucional en materia de transparencia.
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Un año más tarde (2006) es entregada al Legislativo Federal la iniciativa de reforma constitucional en materia de transparencia, presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados por los coordinadores de los 8 partidos políticos representados en el Congreso.
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En el Diario Oficial de la Federación se pública el decreto que modificaba la Constitución para incluir al DAI en este nivel.
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Para 2008 todos los estados de la República ya contaban con legislación en materia de transparencia y acceso a la información.
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Septiembre de 2011, se constituyó el OPEN GOVEMMENT PARTNERSHIP, que es la organización internacional que tiene como objetivo alentar a los países miembros a implementar los lineamientos de gobierno abierto.
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En 2013 se reforma el artículo 6, garantizando el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna.
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En noviembre de 2013, se pública la Estrategia Digital Nacional derivada de la estrategia "Gobierno Cercano y Moderno".
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Mayo de 2015 se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT).
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