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La primera reforma tuvo lugar en 1977 bajo el marco de la denominada Reforma Política: esta sentó las bases del derecho a la información al adicionar al Articulo 6º, como parte de las Garantías Individuales
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transición a la democracia en el año 2000, que se han implementado diseños institucionales, políticas y nuevas prácticas democráticas con miras a la consolidación de un Estado más responsable ante la ciudadanía, es decir, que rinda cuentas.
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un seminario convocado en la ciudad de Oaxaca, donde medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información, lo que derivó en la llamada Declaración de Oaxaca y en la inserción del tema en la agenda pública; y la Promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP) en el año 2002.
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los gobernadores de Aguas calientes, Chihuahua y Zacatecas firmaran la Declaración de Guadalajara, promovieran una reforma constitucional en materia de transparencia. Un año después, entregaron al Legislativo Federal una iniciativa de reforma constitucional que fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados por los coordinadores de los ocho partidos políticos representados en el Congreso.
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se construyeron las bases para un nuevo régimen de rendición de cuentas; pero, en los estados de Nuevo León, Coahuila y Michoacán no se promulgaron este tipo de normas, sino hasta 2008. Desde entonces, las entidades que más han reformado sus leyes, a partir de su promulgación, son: el Distrito Federal, Morelia, el Estado de México, San Luis Potosí y Jalisco
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fue publicada en el Diario Oficial de la Federación otra reforma al artículo 6º constitucional para renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de la implementación de un sistema integral en la materia que garantizara, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México
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promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Derivado de dicha modificación se amplió́ el catálogo de sujetos obligados en la materia, comprendidos toda autoridad, entidad, órgano y organismo: Poderes Ejecutivo, Poder Legislativo,Poder Judicial,Órganos autónomos,Partidos políticos, Fideicomisos y fondos públicos,Sindicatos,Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos deautoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.