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Es el mecanismo democrático en que el poder público da cuentas sobre su actuación y justifica su comportamiento
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Es una herramienta que tiene distintas funciones, ya que por un lado inhibe y sanciona y al mismo tiempo sirve como instrumento de contención
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Consiste en un conjunto de garantías jurídicas que afirman la igualdad de los ciudadanos ante la ley, para conocer las acciones y decisiones de sus representantes y eventualmente sancionarlos por el mal desempeño o recompensarlos
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Tiene dos componentes fundamentales 1) el reconocimiento de que los ciudadanos pueden solicitar información al gobierno federal y que estos deben entregarla 2) La construcción de un complejo entramado de instituciones y de procesos para implementar dicho derecho (DM, 2014)
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Implementó a nivel normativo e institucional el DAI, con la creación del IFAI y la obligación de ciertas instituciones (sujetos obligados) a dar acceso a la información de forma pasiva y de forma proactiva, mediante solicitudes de acceso a la información, pero también a través de la publicación de información relevante para los usuarios.
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En el 2013 se hicieron reformas al articulo 6° constitucional como parte de esta reforma, en mayo del 2015 se promulgó la Ley General de transparencia y acceso a la información pública. La finalidad de este instrumento jurídico fue ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información paran que el Estado mexicano adoptara el nuevo paradigma de gobierno abierto.
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Coordinan los esfuerzos de los sujetos obligados a fin de publicitar el máximo de información o de crear versiones públicas de los documentos relevantes. El INAI dicta la política de transparencia y los lineamientos que en esta materia deben seguir los sujetos obligados.
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Trata de crear un sistema que posiciona al gobierno como plataforma de innovación. Gobierno abierto se basa en una cultura de transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas que permite la creación de nuevos emprendimientos y la generación de soluciones a retos públicos que se suscriben al desarrollo del país.
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El gobierno electrónico se refiere a la firme decisión de los gobiernos por hacer uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) en los asuntos que le competen, tanto en el gobierno como en el conjunto de los servicios públicos que prestan a la sociedad a través de la administración pública y que le allegan legitimidad y razón de ser.
