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Efectos de la Globalización en CHILE

  • 1970

    1970
    La riqueza minera del país retornó a ser un patrimonio público. Ello permitió la expropiación de la gran minería del cobre, hasta ese entonces en manos de capitales extranjeros, principalmente norteamericanos.
  • 1981

    1981
    Implementación del Código de Aguas dictado por la dictadura militar para el acceso y gestión del agua, en donde se autoriza la privatización del agua a través de la concesión de derechos de aprovechamiento gratuito y a perpetuidad, no fijando límites a esta concesión de derechos.
  • 1982

    1982
    La Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras volvió a desnacionalizar el sector.
  • 1983

    1983
    Se dictó un nuevo Código de Minería, incluyendo la Concesión Minera Plena, la cual restableció el dominio privado sobre los yacimientos mineros, por tiempo indefinido a cambio del pago de una patente minera mínima anual.
  • 1989 y 1998

    1989 y 1998
    Las tarifas del agua potable y alcantarillado subieron desde
    0.18 hasta 0.78 dólares el metro cúbico (antes de la privatización)
  • 1994-1999

    1994-1999
    Se realizó, en el ámbito de la propiedad del agua para servicios de
    agua potable y alcantarillado, el proceso de privatización y transnacionalización de los derechos. Luego de la privatización el alza de los precios del agua llegó a $1.10 dólares el metro cúbico en Santiago; a $1.6 dólares en La Serena; $2.07 dólares en Punta Arenas y $2.6 dolares en Antofagasta.
  • 1999-2005

    1999-2005
    Proceso de privatización de las empresas sanitarias. Actualmente, la totalidad de las empresas sanitarias urbanas son privadas.
  • 2004

    Reforma del código de ulilización de aguas en donde se concede a solicitud de los privados, los derechos de aprovechamiento de aguas gratuitamente, sin que se contemple pago alguno por ese derecho, salvo cuando el agua solicitada no se utiliza.
  • FINALES DEL 2010

    Se encuentra en las finales de un proceso de privatización y transnacionalización total de su patrimonio ambiental, junto con un profundo desmontaje de las facultades del Estado para administrar los recursos naturales y el territorio nacional.