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La riqueza minera del país retornó a ser un patrimonio público. Ello permitió la expropiación de la gran minería del cobre, hasta ese entonces en manos de capitales extranjeros, principalmente norteamericanos. -
Implementación del Código de Aguas dictado por la dictadura militar para el acceso y gestión del agua, en donde se autoriza la privatización del agua a través de la concesión de derechos de aprovechamiento gratuito y a perpetuidad, no fijando límites a esta concesión de derechos. -
La Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras volvió a desnacionalizar el sector. -
Se dictó un nuevo Código de Minería, incluyendo la Concesión Minera Plena, la cual restableció el dominio privado sobre los yacimientos mineros, por tiempo indefinido a cambio del pago de una patente minera mínima anual. -
Las tarifas del agua potable y alcantarillado subieron desde
0.18 hasta 0.78 dólares el metro cúbico (antes de la privatización) -
Se realizó, en el ámbito de la propiedad del agua para servicios de
agua potable y alcantarillado, el proceso de privatización y transnacionalización de los derechos. Luego de la privatización el alza de los precios del agua llegó a $1.10 dólares el metro cúbico en Santiago; a $1.6 dólares en La Serena; $2.07 dólares en Punta Arenas y $2.6 dolares en Antofagasta. -
Proceso de privatización de las empresas sanitarias. Actualmente, la totalidad de las empresas sanitarias urbanas son privadas. -
Reforma del código de ulilización de aguas en donde se concede a solicitud de los privados, los derechos de aprovechamiento de aguas gratuitamente, sin que se contemple pago alguno por ese derecho, salvo cuando el agua solicitada no se utiliza.
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Se encuentra en las finales de un proceso de privatización y transnacionalización total de su patrimonio ambiental, junto con un profundo desmontaje de las facultades del Estado para administrar los recursos naturales y el territorio nacional.