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El antecedente del uso de las TIC entre las Dependencias de la Administración Pública Federal se dio en Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Nacional Financiera, así como por parte de la UNAM.
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El Derecho de Acceso a la Información es un conjunto de garantías que permiten a los ciudadanos conocer las acciones y decisiones de los servidores públicos para que en caso de que estos actúen sin apegarse al principio de legalidad y con honradez puedan ser sancionados.
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En el año de 1977 se realizan las primeras reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Acceso a la Información Pública, reformándose el artículo 6° Constitucional. Reformas que paulatinamente fueron aclaradas por la SCJN por medio de la vía jurisprudencial.
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Con el relevo de poder en la Presidencia de la República se implementa un nuevo paradigma con instituciones, políticas públicas y prácticas que buscan reforzar la vida democrática nacional. Lo que se pretendía era rendir cuentas claras a los ciudadanos.
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Se implementa la agenda de gobierno electrónico, comprometiéndose el Gobierno de México a impulsar el uso de las TIC en el sector público con miras a fortalecer la gobernanza.
En el sexenio de 2000 a 2006 se tienen avances en materia de infraestructura física, disponibilidad de trámites y servicios en línea. -
Producto de la Declaración de Oaxaca se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Seminario convocado en la Ciudad de Oaxaca en donde representantes de los medios de comunicación y académicos destacados exigen contar con una Ley de Acceso a la Información.
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Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes y Querétaro son las primeras Entidades Federativas en promulgar sus leyes locales de acceso a la información.
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Se instala el Instituto Federal de Acceso a la Información
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En el lapso entre 2003 y 2006 veinte Entidades Federativas promulgaron sus leyes de Acceso a la Información.
El resto de Estados tardo más de cinco años en cumplir con este compromiso. -
Se conforma la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, con el objetivo de impulsar la política de transparencia y con ello impulsar principios como el de publicidad además de fomentar la cultura de la transparencia, entre otras acciones relevantes.
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Se emite en 2005 el acuerdo que crea la Comisión Intersecretarial de Gobierno Electrónico, con el objetivo de propiciar el uso de las TIC para el buen gobierno.
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Celebrado en noviembre de 2005 uno de los resultados de este Congreso fue la firma por parte de los Ejecutivos Estatales de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas de la Declaración de Guadalajara. Con esto proponían una reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública.
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Producto de la Declaración de Guadalajara en el año 2006 se presenta ante el Congreso de la Unión la iniciativa para reformar la Constitución en materia de transparencia y acceso a la información. Iniciativa que fue respaldada por todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso en ese momento.
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Se publica en el DOF en julio de 2007 el Decreto por el cual se modifica la Constitución en su artículo 6° para elevar al Derecho de Acceso a la Información a un rango constitucional.
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Con la promulgación de las Leyes de Nuevo León, Coahuila y Michoacán en el 2008 todas las Entidades Federativas cuentan con legislación en la materia.
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Nace como una iniciativa de diversos países para generar compromisos con la finalidad de promover la transparencia, aumentar la participación de los ciudadanos y combatir la corrupción, así como implementar el uso de las TIC en estos temas.
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Se reforma de nueva cuenta el artículo 6° Constitucional con el objetivo de adecuarlo a los tratados internacionales en materia de transparencia y acceso a la información. Destaca en la redacción las palabras plural y oportuna.
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Se establece una alianza entre países con el objetivo de promover el acceso a la información, recopilar y publicar datos de gasto y servicios públicos, proporcionar la información en formatos entendibles, solicitar la participación ciudadana, combatir la corrupción, actualizar los marcos jurídicos, avanzar en materia de gobierno abierto, entre otros.
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Derivada de la Estrategia Gobierno Cercano y Moderno se publicó la Estrategia Digital Nacional con miras a establecer una nueva forma en que el gobierno y los ciudadanos se relacionaran por medio de la adopción de las TIC por parte del Gobierno Federal.
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Se publica en el DOF una nueva reforma al artículo 6° Constitucional con el objetivo de implementar mecanismos ad hoc con la nueva realidad en materia de transparencia y acceso a la información y la protección de datos personales.
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Con la reforma publicada en 2014 se da paso a la promulgación en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Open Government Partnership elabora el Índice de gobierno abierto, evaluando a 102 países con base en las siguientes variables: 1) Leyes publicadas; 2) Derecho de acceso a la información; 3) Participación de la sociedad civil; 4) Mecanismos de queja.