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En 1977 se promulgaron reformas al articulo 6° con miras al acceso de la población a la información.
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Cuatro lustros después la SCJN permite que los mexicanos tengan derecho a conocer la información producida y controlada por actores públicos.
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Con la transición de poderes en el año 2000 se implementan diseños, políticas y nuevas prácticas democráticas para pedir al Estado que rinda cuentas.
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En un seminario en Oaxaca se abordo la ley de acceso a la información y su inserción en la agenda pública, la promulgación de la LFTAIP Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
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En el año 2002 se implementa el INAI Instituto Nacional de Acceso a la Información cuya misión fue la de garantizar el derecho a la información publica y rendición de cuentas, para después asignarse la protección de los datos personales.
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Los primeros estados que promulgaron la ley de acceso fueron Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes y Querétaro, posteriormente 20 entidades más promulgaron la ley de transparencia y el resto tardo 5 años mas.
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en 2004 se conformó la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública iniciando el recorrido de independencia de la política de la Transparencia
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Gobernadores de Zacatecas, Aguascalientes y Chihuahua firmaron la Declaración de Guadalajara promoviendo la reforma constitucional en materia de transparencia.
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El 20 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificaba la Constitución para incluir al Derecho de Acceso a la Información DAI a este nivel, siendo hasta 2008 Nuevo León, Coahuila y Michoacán se integraron a dicha reforma.
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En 2013 se realizaron nuevas reformas al artículo 6° garantizando el derecho a toda persona al acceso a la información plural y oportuna.
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el 7 de febrero de 2014 se publica otra reforma para renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección a los datos personales.
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En mayo de 2015 se promulgó la Ley general de Transparencia cuya finalidad fue ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso para que los Estados adoptaran el paradigma de gobierno abierto.