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El derecho de acceso a la información pública se deriva de las reformas al artículo 6° constitucional, referentes al derecho a la información y concluyó a fin de que los mexicanos ejercieran su derecho de conocer la información producida y controlada por actores públicos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Dio como resultado de un seminario convocado en la Cd. de Oaxaca, donde medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información, lo que derivó en la Declaración de Oaxaca y en la inserción del tema en la agenda pública; y la Promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP).
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A fin de reducir los problemas e ineficiencias al interior de las organizaciones gubernamentales. Se instalo el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), para garantizar el derecho a la información pública promoviendo la política de transparencia y rendición de cuentas. Posteriormente la protección a los datos personales.
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Se entrego al Legislativo Federal una iniciativa de reforma constitucional, presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados por los coordinadores de ocho partidos representados en el Congreso.
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Reformas que garantizaron en relación con lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia, el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
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Instrumento jurídico con la finalidad de ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información donde el Estado mexicano adopte un paradigma de gobierno abierto, reduciendo espacios de opacidad y discrecionalidad en la gestión pública y ampliar la participación ciudadana en favor de la transparencia.
