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Con el fin de que los mexicanos ejercieran su derecho de conocer la información producida y controlada por los actores públicos.
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A partir de la transición a la democracia, se han implementado diseños institucionales, políticas y nuevas prácticas democráticas con miras a la consolidación de un Estado más responsable ante la ciudadanía.
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Medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información y en la inserción del tema en la agenda pública.
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La cámara de Diputados aprueba por unanimidad el dictamen de la Ley de Transparecia y Acceso a la Información Pública gubernamental.
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Firmada dentro del Primer Congreso Nacional de Transparencia Local, por los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas promoviendo una reforma constitucional en materia de transparencia.
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Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificaba la Constitución.
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Pero se presentó una enorme heterogeneidad en las normas y en la efectividad de su aplicación porque el marco normativo de cada Estado era muy distinto.
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Para renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales.
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La finalidad de este instrumento jurídico fue ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información para que el Estado mexicano adoptara el nuevo paradigma de gobierno abierto. Buscaba reducir espacios de opacidad y discrecionalidad en la gestión pública y ampliar la participación ciudadana en favor de la transparencia.
