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Consiste en la creación de una nueva dependencia de la administración pública: el Ministerio del Interior en sustitución de la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Ocurrió una separación de los ramos del interior y del exterior, aunque tuvo una duración limitada (1837-1841), ya que posteriormente resurge la tradicional Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos.
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Se crea la Secretaría de fomento, se cerraba un ciclo vital para la formación de la administración pública interna y más en lo general para la administración pública mexicana, debido a que se abrió otra opción por la cual el Estado intervenía directamente en las actividades esenciales para el desarrollo nacional.
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Tiene como antecedente el movimiento de Reforma, que apoyó una nueva Constitución que al tiempo de consagrar las garantías individuales que caracterizaban al Estado moderno fortaleció al órgano legislativo y redujo las facultades del Poder Ejecutivo; la idea era evitar los extremos a que llegaron algunos presidentes anteriores, como Santa Anna. Esta reforma puede considerarse como una de las más ambiciosas de su tiempo y tuvo enormes repercusiones en la vida económica, política y social del país
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Reformas introducidas después de la revolución de 1910, entre las que destaca la creación de los departamentos administrativos, encargándoles la provisión de diversos servicios comunes a todo el sector público, tales como las adquisiciones, los abastecimientos y el control administrativo y contable.
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Destacan entre otras, de manera enunciativa: a) el Departamento de Contraloría, que funcionó de 1917 a 1934 con la idea de mejorar el control del presupuesto federal; b) el Departamento de Presupuesto de la Federación, que operó de 1928 a 1932 con el propósito de llevar un manejo adecuado de los recursos públicos; c) las comisiones de eficiencia, con el fin de mejorar el rendimiento de la función pública, etc.
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Representa la primera etapa de las grandes reformas administrativas en el siglo XX. Se crearon once programas vinculados con la reforma administrativa y se establecieron en cada secretaría de Estado y departamentos administrativos, comisiones internas de administración (CIDA), auxiliadas por las unidades de organización y métodos (UOM), y con la asesoría de unidades de programación.
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Se tenia como objetiv central reorganizar el gobierno para organizar el país. En esta etapa la reforma establece un sistema nacional de planeación, que estaba regulado por la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la promulgación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como la Ley de Deuda Pública. Asimismo, destaca la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP).
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Miguel de la Madrid propone el Programa de Descentralización Administrativa, que incorpora diversas políticas públicas para que el país avanzare en la descentralización de la vida nacional. Para cumplir con este propósito se estableció en la Constitución el Sistema de Planeación Democrática y se promulgó la Ley de Planeación, que tenía como instrumento básico el Convenio Único de Desarrollo, el cual servía para impulsar una mayor descentralización administrativa entre la Federación.
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Surge con Salinas de Gortarí, tiene como propósito fundamental reducir los trámites administrativos, los pasos y el tiempo en la gestión de la prestación de los bienes y servicios públicos.
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Surge con Zedillo, con el propósito general de mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, mediante enfoques provenientes del gerencialismo privado (planeación estratégica, enfoque de calidad y reingeniería de procesos) para ser aplicados en la administración pública federal.
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Surge con Vivente Fox, durante la alternancia política formó parte del Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006), el cual tiene el carácter oficial y es obligatorio para todas las dependencias y entidades del gobierno federal.
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Fue la estrategia que da cuenta de las acciones y actividades en materia de administración pública. La agenda incorpora aspectos relevantes de ambas estrategias y las resume en una suerte de legado administrativo de la administración pública de Vicente Fox.
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Se implemento con una como una forma de vinculación de los ciudadanos con el gobierno. Hacia el interior de la organización de las instituciones, organizaciones y oficinas públicas de los tres poderes de la Unión, la aplicación puntual de esta ley las obliga a mantener un arreglo impecable, a una organización sistemática de la memoria histórica concretada en los archivos vigentes que permita el fácil acceso a los mismos
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