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El rey Felipe II reiteró la posición de la Corona de que los indígenas deberían tener libre acceso a los recursos forestales, pero añadió una limitación: «Es nuestra voluntad que los indígenas puedan cortar libremente la madera en los bosques para su propio uso. Y ordenamos que nadie ponga impedimentos en su camino a menos de que corten de tal manera que evite que crezca y se regenere.»
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El liberal parlamento español, las Cortes, declaró que todas las tierras con bosques o sin ellos (excepto aquellas tierras comunales que necesitaba la gente) en la península y en el Nuevo Mundo serían reducidas a propiedad privada (el parlamento gobernaba en ausencia del rey Fernando VII, que había sido tomado como rehén por Napoleón)
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El gobernador de California, Manuel Victoria, alertó a los funcionarios federales acerca de extranjeros que habían comprado lucrativos contratos de mexicanos, dedicados al exterminio de nutrias marinas jóvenes cerca de las aguas costeras donde el mamífero se reproducía
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El gobernador de Veracruz, Antonio María Salonio, promulgó una ley forestal que autorizó la creación de juntas de protección para los árboles, parte de cuyo propósito era localizar sitios adecuados para la formación de viveros y supervisar la plantación de árboles a lo largo de los caminos y otros lugares comunes
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El agente general del Ministerio de Agricultura, funcionarios estatales y municipales, y la Sociedad para el Mejoramiento de Materiales (un grupo de ciudadanos con afiliados en diferentes partes de la República) urgieron a las autoridades para detener la destrucción de los bosques, imponiendo restricciones a los leñadores y obligando a la reforestación
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Se crea una ley diseñada para proteger y ampliar huertos, el gobernador de Baja California, Teodoro Riveroll, declaró que ya que los árboles y los arbustos contribuían a aumentar las lluvias, tan escasas en la región, y que las prohibiciones de cortar los bosques habían sido olvidadas , nadie podría tirar árboles, aún en su propia tierra, sin el permiso del ayuntamiento
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José M. Romero, un miembro de la comisión científica de Pachuca (en el estado de Hidalgo, centro de México), hacía notar, indignadamente, que los taladores y la Compañía Real del Monte mostraban absoluto desprecio por las leyes forestales de la nación
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Alfred Mordecai, un ingeniero ferrocarrilero que trabajaba en el tren Veracruz-México, financiado por los ingleses, notó que los bosques de pino sobre Veracruz eran la única fuente local de madera para la línea.
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Manuel Payno se hizo una pregunta que presagiaba este periodo. Después de aceptar que México era una tierra fértil y que muchos árboles se regeneraban por sus propias semillas, Payno preguntaba: «¿Qué es más poderoso, la fertilidad de la naturaleza o el barbarismo y la avaricia del hombre? ¿Cuáles son las fuerzas más activas, las fuerzas creativas de la naturaleza o las fuerzas destructivas del hombre?
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Los directores del Ferrocarril Nacional Mexicano (una empresa norteamericana) señalaron que «México está escasamente dotado de madera, sin embargo su población, comparativamente densa, y sus numerosas minas requieren de una gran cantidad. Esta tiene que ser transportada desde los bosques, dondequiera que se encuentren.»
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El régimen de Díaz promulgó una ley forestal que, entre sus más importantes disposiciones, autorizaba al gobierno para establecer reservas forestales en los terrenos nacionales. La ley de también contenía las primeras disposiciones generales para la conservación de la fauna silvestre
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En respuesta a la petición de la Sociedad Audubon para proteger las garzas en México, el subsecretario de obras públicas dirigió una carta al gobernador de Oaxaca pidiéndole proteger esa ave, no sólo porque era un beneficio para la agricultura, sino también porque representaba un tesoro público
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