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En la década de 1980, un colapso en los precios del petróleo y el incumplimiento de la deuda externa, seguida cinco años de estancamiento económico, provocaron un cambio importante en el modelo económico.
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La administración presidente Carlos Salinas decidió impulsar una reforma enfocada a la desregulación económica interna. Primero, era necesario romper con la oposición interna a la reforma y atraer la inversión. Segundo, para facilitar el flujo de bienes y servicios, a través de la economía, se tenían que eliminar los cuellos de botella regulatorios y reactivar la inversión nacional y extranjera.
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Se establecen las directrices para las interacciones administrativas entre el gobierno y los particulares.
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El cual conformó el primer programa sistemático de reforma de la reglamentación en México. Específicamente, se creó el Registro Federal de Trámites Empresariales y el proceso de desregulación de los trámites.
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Para la creación de empresas en la Ciudad de México. También se reformó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tal que se introdujo un análisis obligatorio público, que midiera impacto de la regulación a nivel federal.
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La reforma estableció un principio de equivalencia en la desregulación de las reglas y normas técnicas; por otro lado, estableció el análisis de impacto regulatorio para el proceso de elaboración de las normas.
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Por lo que se creó la COFEMER, y se establecieron los principales aspectos de la reforma regulatoria en la ley
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Programas por parte de 38 dependencias o agencias gubernamentales, los cuales fueron puestos a disposición del público para su consulta y comentarios. Las entidades federativas participaron activamente en este proceso e hicieron llegar a la COFEMER una serie de comentarios y propuestas puntuales, mientras que la respuesta del sector empresarial fue menos significativa.
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Se lleva a cabo un análisis detallado sobre el marco legislativo y administrativo en materia de mejora regulatoria a nivel estatal. La metodología se construyó con base en una batería de indicadores que contrastaron las normas con variables derivadas de las mejores prácticas internacionales y lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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Nace a partir de la Ley General de Mejora Regulatoria, publicada el 18 de marzo de 2018