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En el año 1951 se creó el Código Sustantivo del Trabajo, que sirve como fundamento de la legislación laboral en Colombia. Esta ley establece principios generales para proteger a los trabajadores. Uno de los enunciados más importantes se encuentra en el primer artículo, donde se menciona que: “El trabajo es una obligación social y está bajo la especial protección del Estado en todas sus formas. Todas las personas tienen derecho a trabajar. ” (Código Sustantivo del Trabajo, art. 1).
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Mediante el Decreto 1650 de 1954 se crea el ISS, con el fin de cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte de los trabajadores. Marca el inicio del aseguramiento social estatal. Aunque no fue una norma laboral directa, fue fundamental para garantizar derechos de seguridad social en el trabajo.
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Durante esta década, el país empieza a implementar de forma más formal la medicina del trabajo en empresas públicas e industrias, aunque sin regulación clara aún. Se crean los primeros servicios de salud ocupacional en sectores como minería, transporte y manufactura.
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Este decreto moderniza y reforma algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, incluyendo la estabilidad laboral y contratación colectiva. “La estabilidad en el empleo es un derecho del trabajador y obligación del empleador.” (Decreto 2351 de 1965, art. 8)
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La medicina del trabajo se formaliza como especialidad médica, permitiendo formar profesionales para atender específicamente los riesgos laborales. Aunque no hay una norma concreta ese año, se marca un cambio importante en la atención al trabajador.
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Durante este año, los planes estatales comienzan a incorporar por primera vez la salud ocupacional como área de intervención pública, aunque aún sin normativas específicas. Esta inclusión permitió el diseño del posterior Estatuto de Seguridad Industrial.
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El Ministerio de Trabajo y el Instituto de Seguros Sociales realizan campañas sobre el uso de elementos de protección personal, higiene en el trabajo y prevención de accidentes. Aunque sin respaldo normativo directo, fueron fundamentales en la construcción de cultura preventiva.
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Se crean los primeros diplomados y especializaciones en salud ocupacional, especialmente en universidades como la Nacional, el Rosario y la Javeriana, lo que profesionaliza el área.
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Conocida como el Estatuto de Seguridad Industrial, establece las primeras normas sobre condiciones físicas en los lugares de trabajo, como iluminación, ventilación, pisos, entre otros. “Todo empleador está obligado a proteger la vida, la integridad y la salud de los trabajadores.” (Art. 1, Resolución 2400 de 1979).
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Regula la formación de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, como lugares destinados a fomentar ambientes laborales protegidos. "Los Comités tendrán la responsabilidad de facilitar la difusión de las normativas legales actuales relacionadas con medicina, higiene y seguridad industrial. "(Arte.3, Resolución 2013 de 1986).
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Crea el Sistema de Seguridad Social Integral, compuesto por salud, pensiones y riesgos profesionales. Esta ley estructura por primera vez un sistema tripartito y obligatorio. “La seguridad social es un servicio público esencial, obligatorio y dirigido a garantizar la calidad de vida.” (Ley 100 de 1993, art. 1)
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Desarrolla el Sistema General de Riesgos Laborales y define las tareas y obligaciones de los empleadores, empleados y ARL. “El propósito del Sistema General de Riesgos Laborales es definir las acciones de promoción y prevención que buscan mejorar las condiciones laborales y de salud de los trabajadores. " (Arte. 1, Decreto 1295 de 1994).
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Tras la expedición del Decreto 1295, comienzan a operar las ARP, entidades encargadas de afiliar trabajadores, promover prevención, y garantizar atención médica y pensiones por riesgo profesional. Aunque no fue un acto legislativo, marcó el cambio institucional más grande en la gestión de riesgos laborales en Colombia.
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El Ministerio de Trabajo emite esta circular para aclarar conceptos básicos sobre salud ocupacional y resaltar su importancia preventiva en todas las empresas.
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Se empieza a exigir que todas las empresas cuenten con un programa de salud ocupacional documentado, estructurado y ejecutado, como parte del cumplimiento de la Ley 100 y el Decreto 1295.
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A comienzos de los años 2000, se incrementa la exigencia a las empresas para contar con un Programa de Salud Ocupacional estructurado, que incluya subprogramas de medicina preventiva, higiene industrial y seguridad en el trabajo. Esta implementación se fortalece a partir de las exigencias de las ARP (hoy ARL) y de los lineamientos del Ministerio de la Protección Social.
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Primera regla que trata específicamente el acoso en el trabajo y sus consecuencias mentales en los empleados. “El acoso en el trabajo se refiere a cualquier comportamiento continuo y comprobable (. . . ) con el propósito de crear miedo, amenazas, pánico y sufrimiento. " (Arte. 2, Ley 1010 de 2006).
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Controla las revisiones médicas laborales (de inicio, regulares y de salida), así como la gestión de los expedientes clínicos laborales. “El empleador tiene la obligación de llevar a cabo revisiones médicas laborales para sus empleados. " (Arte. 5, Resolución 2346 de 2007).
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Definir los pasos que deben seguir las empresas para investigar los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo . "La investigación de los accidentes e incidentes relacionados con el trabajo es una herramienta clave para mejorar las condiciones de trabajo . "( Artículo 1, Resolución 1401 de 2007).
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La primera norma que se centra particularmente en los elementos de riesgo psicosocial en el ámbito laboral y sus repercusiones en la salud mental. “Los elementos psicosociales en el trabajo son las relaciones entre el empleo, su entorno, la satisfacción laboral y las condiciones de la organización. " (Arte. 3, Resolución 2646 de 2008).
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Diseñada por el Ministerio del Trabajo y el Fondo de Riesgos Laborales. Incluye cuestionarios e instrumentos para evaluar factores como liderazgo, carga mental y relaciones sociales. “La batería incluye instrumentos validados para la medición de condiciones intralaborales, extralaborales y estrés.” (Ministerio de Trabajo, s.f.)
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Establece los Comités de Convivencia en el Trabajo, que sirven para evitar el acoso y optimizar el ambiente laboral. “Su propósito principal es evitar el acoso en el trabajo a través de acciones que fomenten relaciones sanas. " (Arte. 4, Resolución 652 de 2012).
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Reúne en un solo decreto toda la regulación del sector laboral, incorporando la necesidad de aplicar el SG-SST en todas las empresas. “El empleador tiene la responsabilidad de poner en marcha el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo –SG-SST– para prever, identificar, evaluar y gestionar los riesgos. ” (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, Decreto 1072 de 2015).
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Se establece oficialmente un conjunto de herramientas para analizar los riesgos psicosociales, así como directrices y procedimientos. “Se establece este conjunto para la evaluación de riesgos psicosociales en el ámbito laboral y la guía técnica general para fomentar, prevenir e intervenir. ” (Artículo 1, Resolución 2404 de 2019).
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Definir los requisitos básicos que deben cumplir todas las empresas para aplicar el SG-SST, en función de su tamaño y nivel de riesgo . "Los requisitos básicos son los criterios fundamentales y obligatorios que los empleadores y contratistas deben seguir para la implementación del SG -SST . "(Arte.1, Resolución 0312 de 2019).
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Confirma la vigencia obligatoria de la batería psicosocial y señala que su aplicación sigue siendo en papel. “Se recuerda que la batería solo puede aplicarse en formato físico, siendo su uso obligatorio en todos los sectores.” (Ministerio del Trabajo, 2022)
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Obliga a los empleadores y ARL a establecer estrategias para prevenir y atender trastornos mentales en el trabajo. “Los empleadores deben ejecutar estrategias para la prevención de problemas y trastornos mentales, incluyendo primeros auxilios psicológicos.” (Decreto 0728 de 2025, art. 5)
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Reconoce la salud mental como un derecho, elimina la necesidad de remisión médica y destina presupuesto para atención psicológica directa. “Los ciudadanos tendrán derecho a recibir atención psicológica sin necesidad de remisión médica previa.” (Ley 2460 de 2025, art. 3)