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Establece los principios fundamentales que rigen la contratación estatal.
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Regula el régimen jurídico de los contratos celebrados por entidades estatales.
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Establece disposiciones especiales para la contratación pública, introduciendo cambios significativos en los procedimientos y mecanismos de contratación.
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Establece medidas para prevenir y combatir la corrupción en la contratación estatal.
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Reglamenta aspectos específicos de la contratación estatal, unificando en un solo cuerpo normativo varias normas anteriores.
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Complementa y reglamenta la Ley 1150 de 2007, estableciendo disposiciones detalladas sobre los procedimientos de contratación y la gestión contractual.