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Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos “Ayotzinapa” se dirigían a la Ciudad de México por la conmemoración de la masacre estudiantil de Tlateloco de1968. Viajaron en 5 autobuses tomados, sin embargo estaba bloqueada la carretera hacia Chilpancingo, así que se dirigieron hacia Iguala. Tiempo después fueron interceptados por la policía municipal de Iguala; resultado 6 muertos, 40 detenidos y 43 estudiantes desaparecidos.
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Los padres de los estudiantes los reportan desaparecidos. Más tarde, ese mismo día, es hallado el cuerpo de un estudiante de 22 años, Julio César Mondragón Fontes.
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Tlachinollan, una organización no gubernamental en el estado de Guerrero denunció el uso de violencia estatal, y reportó un número inicial de 55 estudiantes desaparecidos. La organización llevó el caso a la corte, y sirvió como la asesora legal de las familias de los estudiantes
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Organización no gubernamental en el estado de Guerrero su objetivo principal es contribuir a la construcción de estrategias y redes de incidencia con distintos actores del ámbito internacional, nacional y local que permitan la protección de personas y generen cambios de prácticas, normas y leyes que violentan los Derechos Humanos.
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Tres días después de los eventos, las autoridades de Guerrero iniciaron oficialmente con la búsqueda de los estudiantes
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El entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, toma el mando de la investigación.
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El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pide licencia el a su cargo por 30 días para facilitar las investigaciones que involucran a la Policía Municipal
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José Luis Abarca, alcalde de Iguala se da a la fuga.
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Amnistía Internacional publicó un comunicado denunciando los eventos y pidiendo una pronta investigación por parte del Estado Mexicano.
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Amnistía Internacional, movimiento global presente en más de 150 países, su objetivo es realizar labores de investigación y emprender acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos y pedir justicia para aquellos cuyos derechos han sido violados.
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Es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los DDHH en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en conjunto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un reporte llamando al gobierno mexicano a investigar el caso.
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El Gobierno de Guerrero publicó un reporte que reconoce la participación de la policía municipal de Iguala y del cártel Guerreros Unidos. José Luis Abarca, el presidente municipal de esta ciudad, es condenado como el autor intelectual del crimen, según las primeras versiones, los policías habían actuado bajo las órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para evitar que interrumpieran un evento del DIF, presidido por su esposa, María de los Ángeles Pineda.
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Institución científica, no gubernamental y sin fines de lucro. Aplica metodologías y técnicas de las ciencias forenses. Trabaja con víctimas de desapariciones forzadas; violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa; desapariciones actuales, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado; procesos migratorios, guerras y conflictos armados, accidentes y catástrofes.
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Las familias de los estudiantes, al no confiar en la policía, solicitan la participación en el caso del Equipo Argentino de Antropología Forense. El 5 de octubre, la organización acepta y se une a la investigación.
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El entonces presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto habla respecto al caso: “La sociedad mexicana y las familias de los jóvenes estudiantes que lamentablemente se encuentran desaparecidos demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia”.
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Ocurre la primera protesta masiva por el caso en la Ciudad de México, donde participan alrededor de 15,000 personas. Hay réplicas de la protesta en 55 ciudades dentro y fuera de México. Los familiares de los estudiantes desaparecidos dirigen la marcha.
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El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llega a Guerrero, en su visita, los forenses argentinos se reúnen con las familias de los desaparecidos, e identifican los restos de 28 cuerpos descubiertos en una fosa común de Iguala. Posteriormente se descubren muchas otras fosas comunes, pero ninguno de los cuerpos pertenece a los de los estudiantes desaparecidos.
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Se encuentran 10 fosas clandestinas en las zonas aledañas al lugar de los hechos, en donde se encontraron restos humanos, pero ninguno pertenecía a los estudiantes desaparecidos.
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Manifestantes acuden a la sede del gobierno de Iguala para demandar de nuevo la localización de los estudiantes desaparecidos, y protestar contra las autoridades locales. Incendian el edificio gubernamental y causan destrozos en el mismo.
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Por primera vez desde los eventos, el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se reúnen con familiares de los estudiantes desaparecidos y Tlachinollan. El propósito de la reunión es implementar las sugerencias de la CIDH con respecto a la protección de todos los actores involucrados en la investigación.
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Capturan la PGR a Sidronio Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos. Asimismo, anuncian el arresto de 14 policías más y el hallazgo de tres fosas más.
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Guerreros Unidos es un grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva (OBL), que opera en la región central de México (Guerrero, producción y tráfico de heroína; Morelos y Estado de México, extorsión y secuestro). Los Guerreros Unidos se caracterizan por sus tácticas agresivas y por el uso de la violencia extrema, lo cual ha llamado la atención de las fuerzas de seguridad y amenaza la supervivencia del grupo a largo plazo.
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El padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de migrantes, revela una versión contada por testigos, según la cual los 43 estudiantes de Ayotzinapa habrían sido asesinados y calcinados. No proporciona pruebas.
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El procurador Jesús Murillo Karam declara prófugo al alcalde de Iguala y a su esposa, que habían sido señalados como presuntos culpables de ordenar el ataque contra los estudiantes.
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Segunda protesta masiva en la Ciudad de México y otras cien ciudades más, incluyendo Londres, Nueva York, Madrid, y Río de Janeiro. Algunas escuelas y universidades se van a paro
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La ONU publica un comunicado expresando su preocupación por la continua desaparición de los estudiantes y el descubrimiento de fosas comunes en el Estado de Guerrero.
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Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los presuntos jefes de sicarios de Guerreros Unidos que presuntamente participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró a la Fiscalía General de la República (FGR) que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, lo obligó a mentir para que pareciera que él arrojó las bolsas con restos óseos en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero, mismas que fueron halladas el 28 de octubre de 2014.
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El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, renuncia tras la presión política de los eventos. Rogelio Ortega, quien hasta entonces era director de una universidad local, comienza su mandato como nuevo gobernador del estado.
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Sin comentar la diligencia, Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), junto con Agustín García "El Chereje", uno de los implicados en la desaparición, visitan el basurero de Cocula
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Enrique Peña Nieto se reúne por primera vez con las familias de los estudiantes y promete intensificar la búsqueda; firma un acuerdo de diez puntos, entre los que destaca la formación de una comisión mixta que audite las investigaciones realizadas por la PGR. Esto no acaba con las protestas.
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Personal de PGR y del Ejército informan el hallazgo en bolsas negras de posibles restos de los normalistas en el basurero de Cocula.
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En el proceso de buscar a los estudiantes, se descubren más de 60 fosas comunes en Guerrero. Por este motivo, un grupo de familias locales decide unirse para formar la organización "Los Otros Desaparecidos". Este grupo organiza búsquedas para encontrar a sus seres queridos, quienes fueron presuntamente desaparecidos por miembros del ejército o de cárteles locales. El grupo busca atraer atención pública hacia el fenómeno de desapariciones en todo el país.
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El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles, fueron detenidos en la alcaldía Iztapalapa. Él es trasladado a una prisión de máxima seguridad.
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Tercera protesta masiva en la Ciudad de de México, donde participan al menos 50,000 personas. Hay algunas confrontaciones entre fuerzas de la policía y protestantes.
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Murillo Karam declara que la policía municipal de Iguala entregaron a los estudiantes al cártel de los Guerreros Unidos y después fueron incinerados en un basurero en el poblado de Cocula. Murillo Karam cierra la conferencia con un “Ya me cansé”, frase que la sociedad civil retoma para expresar que ellos también "ya están cansados" de que el gobierno no halle a los estudiantes.
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Familiares de los estudiantes desaparecidos rechazan la versión oficial de las desapariciones, y denuncian la falta tanto de evidencia científica como de las opiniones de los expertos argentinos, en la versión del gobierno. Los familiares suspenden su relación con el estado.
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Unos 20 manifestantes encapuchados derriban las vallas de seguridad de los alrededores del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano, y prenden fuego a la puerta principal del histórico edificio. Los disturbios se registran al finalizar una multitudinaria marcha para exigir el retorno con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.
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El Equipo Argentino de Antropología Forense, denuncian fallas en la investigación del Estado Mexicano
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Es parte del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, Austria. Se especializa en el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías de análisis y reconocimiento forense sobre todo para muestras dañadas, además posee una Base de Datos de ADN que contiene los perfiles genéticos de víctimas no identificadas en escenas del crimen y de personas sospechosas de haber cometido un delito grave.
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La PGR envía fragmentos de restos humanos hallados en el basurero de Cocula a la universidad de Innsbruck, Austria
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Protesta masiva en la Ciudad de México con réplicas en más de 250 ciudades. Alrededor de 100,000 personas se unen a la protesta. Numerosas escuelas y universidades se van a paro. Hay episodios de brutalidad policiaca, y se efectúan 11 detenciones arbitrarias
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La CNDH informa que los laboratorios lograron identificar los restos del estudiante Alexander Mora Venancio. El grupo de forenses argentinos determina que no hay forma de garantizar que los restos de Alexander se encontrasen en las muestras enviadas al laboratorio, ya que durante el proceso se violaron los protocolos forenses.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) crea la comisión especial para dar seguimiento al caso de los estudiantes desaparecidos.
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En una segunda conferencia de prensa de la PGR, Murillo Karam afirma que el caso ha sido resuelto y que por ende, "la verdad histórica" de los hechos ha sido determinada. Murillo Karam afirma que, a pesar de la existencia de dudas científicas, los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Colula.
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En respuesta a peticiones por parte de los familiares de los estudiantes y del gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, crea el Grupo de Expertos Independientes (GIEI). La creación del grupo de expertos implica un nuevo esfuerzo para llevar a cabo investigaciones independientes sobre el caso de Ayotzinapa. Los expertos se convierten en uno de los aliados principales de la sociedad civil y de los familiares de los desparecidos.
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El gobierno mexicano es llamado a la sesión de desaparición forzada de la ONU, donde se le pide entregar un reporte sobre la situación en materia de derechos humanos en el país. Los padres de los estudiantes desparecidos son invitados a la sesión
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En medio de críticas y cuestionamientos, Murillo renuncia y es sustituido por Arely Gómez.
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llega a México para investigar el caso.
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Familiares de los estudiantes desaparecidos viajan a varias localidades clave en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, para presentar sus testimonios a audiencias internacionales. Los padres esperan que las caravanas ayuden a incrementar la presión internacional contra el gobierno mexicano
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El GIEI informa a la PGR de un quinto autobús. Hasta ese momento, no se le había tenido en cuenta en la investigación.
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En vista de que el gobierno mexicano no ha investigado al ejército, el grupo de expertos solicita permiso para entrevistar al Batallón de Iguala e inspeccionar la base militar. El gobierno mexicano nunca accede a la solicitud
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El GIEI informa que varios agentes de policía y miembros de bandas delictivas que fueron arrestados habían sido torturados para confesar su participación en los hechos.
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Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de 43 estudiantes en México anuncian que no entrevistarán a los militares del Batallón 27 ante la imposición de hacerlo por escrito.
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El Grupo de Expertos publica un reporte sobre los eventos en Iguala. El reporte culpa al gobierno por los hechos ocurridos, y desacredita la versión oficial de la PGR, al asegurar que es físicamente imposible que los cuerpos de los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Colula. Los expertos especulan que los autobuses en los cuales viajaban los estudiantes transportaban drogas ilegales, y que aquella pudo haber sido la razón de los ataques.
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En conferencia de prensa, Arely Gómez, Procuradora General de la República, anuncia que los laboratorios de la Universidad de Innsbruck han identificado los restos de un segundo normalista Jhosivani Guerrero, uno de los estudiantes. Sin embargo, los forenses argentinos cuestionaron la verosimilitud de dicha identificación.
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Medios mexicanos informan de la detención de Gildardo López Astudillo, jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quien habría jugado un papel clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace casi un año.
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A casi un año de las desapariciones, 111 personas han sido detenidas - todos miembros de la policía municipal o presuntos miembros de los Guerreros Unidos. Con la excepción del alcalde de Iguala y su esposa, ningún otro trabajador del estado ha sido arrestado, así como tampoco se han arrestado a miembros del ejército o de la policía estatal.
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A punto de cumplirse un año de la desaparición, los padres inician una huelga de hambre de 43 horas.
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Enrique Peña Nieto se reúne con familiares y anuncia la creación de la fiscalía especializada en la búsqueda de desaparecidos.
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A un año de los eventos, y a pesar de intensas investigaciones y presiones de la sociedad civil, el paradero de los estudiantes continúa sin conocerse. Por su parte las investigaciones continúan abiertas tanto en las oficinas de la Procuraduría General, como en las del Grupo de Expertos. La sociedad civil retoma las calles pero el momento político ha muerto. Los padres marchan hacia la capital para honrar a los jóvenes y exigir justicia.
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En respuesta a su frustración con respecto a las violaciones de derechos humanos en México y específicamente en el caso de Ayotzinapa, el Departamento de Estado de EUA anuncia un recorte de 5 millones de dólares a la Iniciativa Mérida--el principal programa de ayuda económica que Estados Unidos ofrece a México para combatir el tráfico de drogas. El Departamento de Estado redirige el dinero a Perú.
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Los padres de los 43 inician un plantón afuera de Los Pinos, la residencia presidencial.
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Este informe de alta visibilidad subraya que "tanto las fuerzas del gobierno mexicano como el cártel de los Zetas han cometido crímenes de lesa humanidad," y que la falta de justicia por estos crímenes "se debe principalmente a los obstáculos políticos" impuestos por las administraciones de Calderón y Peña Nieto. El caso de Ayotzinapa ocupa un espacio importante en el reporte, al ilustrar problemas de violencia, impunidad, el uso de tortura durante las investigaciones, entre otros.
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En conferencia de prensa, el Equipo Argentino de Antropología Forense presenta sus conclusiones sobre el caso Ayotzinapa. Al igual que el Grupo Independientes de la CIDH, señala que es físicamente imposible que los estudiantes hayan sido calcinados en el basurero de Colula, como indica la PGR. Por segunda ocasión, las investigaciones independientes rechazan la versión oficial de los hechos.
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La fiscalía abre un nuevo peritaje en el basurero.
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Durante el año 2016, se ha visto una difamación coordinada contra el trabajo de los Expertos Independientes. De igual forma, se ha criminalizado al jefe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, quien encabeza el mandato de los expertos y su financiamiento. Organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado estos ataques
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La fiscalía, basada en su nuevo informe, anuncia que por lo menos 17 personas fueron incineradas en el basurero. Con base a eso, deciden hacer más pruebas; sin embargo, el GIEI rechaza los hallazgos de la fiscalía.
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El reporte reafirma que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula, detalla coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales, y denuncia las formas en las cuales el gobierno mexicano intentó obstaculizar la investigación. Da a conocer el video de la visita de Tomás Zerón, con uno de los implicados en el caso al basurero de Cocula. El reporte recomienda una serie de seguimientos para determinar el paradero de los estudiantes.
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Estas acciones tuvieron lugar a pesar de que el caso sigue inconcluso, y que muchas de las recomendaciones del GIEI - especialmente que se entrevisten a miembros del ejército - han sido rechazadas o ignoradas por el gobierno mexicano.
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Alfredo Higuera Bernal es nombrado el nuevo fiscal del caso Iguala. Los padres de los estudiantes descartan que tengan confianza en el nuevo responsable de la oficina a cargo de su caso.
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La CIDH exhorta al gobierno mexicano que "redoble sus esfuerzos para determinar el paradero de los estudiantes desaparecidos."
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Las familias, tras la frustración de no ver resultados, rompen el diálogo con el gobierno. Al mismo tiempo, piden la renuncia del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.
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Para probar que no se pudo haber incinerado a los estudiantes en el basurero de Cocula, se hace un experimento con cerdos. Los resultados descalifican la teoría de la “verdad histórica”.
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Tomás Zerón de Lucio, Jefe de Investigaciones Criminales en la Procuraduría General Mexicana, renuncia debido a los escándalos relacionados a sus acciones en la investigación del caso Ayotzinapa.
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Dos años después de los eventos en Ayotzinapa, todavía se desconoce el paradero de los estudiantes. Las protestas continúan. La pgente salió a las calles en México y el extranjero durante el segundo aniversario para reiterar sus llamados de justicia, y exigiendo saber "¿En dónde están?"
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Raul Cervantes Andrade es nombrado Procurador General de la República, sustituyendo a Arely Gomez.
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Los objetivos se componen del monitoreo de la investigación, asesoramiento y apoyo a la búsqueda de los desaparecidos, atención integral a víctimas y familiares, y el impulso de medidas estructurales para evitar la repetición de eventos similares.
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La periodista Anabel Hernández publica su libro de investigación La Verdadera Noche de Iguala. Su libro detalla la presunta participación del ejército en los hechos ocurridos en Ayotzinapa, y la supuesta existencia de una investigación de la PGR a elementos del Batallón 27 de Infantería
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Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos toman de forma simbólica la sede de la PGR en CdMx.
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La Oficina en México del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-CNDH), dijo contar con elementos de convicción de que funcionarios de la PGR cometieron actos de tortura contra numerosas personas en el caso Ayotzinapa.
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Diputados acuerdan reunirse con los secretarios de gobernación; Miguel Ángel Osorio Chong y de salud José Narro para dar seguimiento al caso.
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La CIDH llama a que el Estado mexicano continúe brindando atención médica a Aldo Gutiérrez Solano y a Edgar Andrés Vargas, estudiantes heridos de gravedad durante la desaparición de los 43 estudiantes. La CIDH solicita la creación de una base de datos de fosas, siguiendo las recomendaciones de los peritos argentinos.
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Familiares de los 43 instalan plantón en PGR.
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Activistas y familiares de los 43 protestan en el Senado para exigir una reunión con la Comisión Permanente.
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Después de 26 días, familiares retiran plantón que mantenían frente de PGR.
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La PGR presenta un cronograma de cumplimiento de nueve puntos sobre las investigaciones que se realizan sobre la desaparición de los normalistas.
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Los padres de los 43 exigen que se investigue al 27 Batallón de Infantería.
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Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, declara que la PGR ha resuelto 8 de las 57 observaciones o recomendaciones que el organismo emitió en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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La CIDH hace notar la importancia de cooperar con el gobierno estadounidense para esclarecer la posible conexión de la desaparición de los estudiantes con el tráfico de drogas. También se establece el compromiso para que Aldo Gutiérrez Solano (sobreviviente) pueda regresar a su casa después de su recuperación médica.
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Se realizan movilizaciones en 12 ciudades de México, con un total de aproximadamente 100 mil asistentes. En la CDMX se ofrecen misas conjuntas de solidaridad para los familiares de los estudiantes y para las familias afectadas por el terremoto del 19 de septiembre.
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Renuncia el Procurador Raúl Cervantes Andrade y entrega el mando a Alberto Elías Beltrán.
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La ley castiga con penas de 40 a 60 años de cárcel a funcionarios públicos que estén involucrados en la desaparición de alguna persona, y de 25 a 50 años para desapariciones cometidas por particulares.
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La CIDH reconoce la implementación de la tecnología LIDAR para buscar a los estudiantes, y pide que se investigue el uso de 9 celulares de los estudiantes desaparecidos que siguieron activos después de la noche del 26 de septiembre de 2014. EL Estado mexicano se compromete a respaldar el seguimiento de la CIDH al caso Ayotzinapa, medicante una contribución financiera voluntaria.
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Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores, anuncia en una conferencia pública de la CIDH que la PGR buscará cerrar el caso de Ayotzinapa antes de que concluya el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2018. La investigación no ha resultado en el procesamiento penal de ninguna persona, y los familiares y ONGs involucradas denuncian la falta de avances en las líneas de investigación.
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El cual es un Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa; denuncia las violaciones de derechos humanos, y el encubrimiento de actos de tortura para la obtención de pruebas.
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El Tribunal Federal emite una sentencia histórica, donde concluye que la PGR no ha cooperado en garantizar procesos transparentes y de justicia para el caso Ayotzinapa. Se crea la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).”
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El Primer Tribunal Colegiado de Decimonoveno Circuito, establece la reposición del procedimiento de la investigación en el caso de Ayotzinapa, por irregularidades durante la indagación por parte de la PGR y tortura.
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El informe hace notar que las líneas de investigación siguen fragmentadas, y que no hay ninguna persona procesada por desaparición forzada. Asimismo, la CIDH promete dar seguimiento a denuncias de tortura, ocultamiento de pruebas, y la infección de malware a defensores de derechos humanos.
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Peña Nieto dice que investigaciones concluyen que estudiantes fueron quemados.
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Detienen en Coahuila a Juan Miguel ¨N¨ El Pajarraco quien presuntamente trasladó a los estudiantes al basurero de Cocula.
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Juan Miguel Pantoja Miranda, alias ‘el Pajarraco’, es parte del grupo Guerrero Unidos, al cual se le atribuye cierta responsabilidad en lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 con los estudiantes.
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El entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con las familias de los desaparecidos y se compromete a investigar a fondo al crear Comisión de Verdad.
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La PGR ofrece 10 mdp por información de Alejandro Tenescalco Mejía, involucrado en la desaparición de los 43.
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Se desempeñaba como supervisor en turno de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, cuando ocurrieron los trágicos hechos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
A dicha persona se le señala como “probable responsable y/o imputado de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, homicidio calificado en grado de tentativa y los que resulten”. -
La Segob asegura que estudia las recomendaciones de la CNDH para definir si se cambia la ¨Verdad Histórica¨.
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La CNDH revela el hallazgo de 38 restos óseos que analizarán para verificar si corresponden a normalistas.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador, firma ante los padres de los 43 normalistas desaparecidos, el decreto por el que se crea la Comisión de la Verdad, por el caso Ayotzinapa.
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Juez Federal ordena a la PGR señalar si hubo ¨responsabilidad penal¨ de los funcionarios que participaron en las diligencias del rio San Juan, en Cocula.
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Se crea la comisión presidencial en donde Ángela Buitrago y Francisco Cox, integrantes del GIEI, trabajan una vez más para resolver el caso. El gobierno de López Obrador reinstala el GIEI como lo solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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El Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas informó, que Tomás Zerón, ex titular de la agencia de investigación criminal de la PGR será investigado por la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.
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Segob y CNDH se comprometen a esclarecer el caso, partiendo de un nuevo modelo y dejando atrás la ¨Verdad Histórica¨
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El video confirma los informes de la OACNUDH, donde aseguran que al menos 34 detenidos fueron torturados durante las investigaciones. Carlos Gómez Arrieta, quien fuera jefe de la Policía de Investigación Federal, es identificado como el interrogador en el video.
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El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, crea la Unidad Especial de Investigación para el Caso Ayotzinapa, la cual se dedica a investigar la desaparición de los estudiantes, así como la obstrucción de justicia y otros crímenes cometidos por funcionarios durante las investigaciones que tuvieron lugar durante el mandato del Presidente Peña Nieto. El jefe de la unidad es Omar Gómez Trejo.
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Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informa que 53 de los 142 detenidos por el caso Ayotzinapa, quedaron en libertad.
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El Subsecretario de Derechos Humanos, denuncia la liberación de otros 24 inculpados por el caso Ayotzinapa.
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Alejandro Encinas asegura que no habrá "borrón y cuenta nueva" en el caso Iguala pero sí un ¨replanteamiento de la investigación¨
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Jan Jarab, Alto Comisionado ONU-DH, asegura que la verdad histórica del caso Iguala está dañada.
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El Subsecretario de Derechos Humanos, informó la liberación de 3 implicados más, en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Entre las personas liberadas se encuentra Carlos Canto, quien fue torturado durante su proceso de interrogación.
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Carlos Cato Salgado, 37 años, profesor, fue detenido el 22 de octubre de 2014 como presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas, fue acusado de pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, surgieron varias inconsistencias entre ellas la tortura a la que lo sometieron autoridades mexicanas para que se responsabilizara de lo ocurrido.
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El Subsecretario de Derechos Humanos, informó que un juzgado en Tamaulipas, ordenó liberar a otros presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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El Subsecretario de Derechos Humanos, anunció que un juez federal concedió la libertad a otro presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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Familiares de los desaparecidos piden que caso Iguala sea considerado crimen de Estado.
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El gobierno de México, acepta reinstalar el GIEI.
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Los padres de familia de los 43 informaron que sí bien ya ha pasado un año desde que se creó la comisión de la verdad, ésta ha entregado más resultados de los que ofrecieron las administraciones pasadas.
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El documento compromete a las autoridades a dar seguimiento permanente y puntual a la investigación, así como a reparar las violaciones cometidas a los derechos humanos de las víctimas en concordancia a los principios de un correcto acceso a la justicia.
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A partir de las investigaciones de la Unidad de Investigación Especial para el Caso Ayotzinapa, la FGR emite órdenes de arresto en contra de ex-funcionarios de la PGR y un Marino por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia; Ezequiel Peña (Jefe del Área de Investigación Criminal de la PGR), Ariel Agustín Castillo Reyes (ex-Marino) e Isidro Junco Baraja (ex-Director de Equipos Especiales de la Policía Federal de Investigación). Son acusados de torturar a Carlos Canto.
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Capturan a José Ángel Casarrubias Salgado, El Morocho, líder de Guerreros Unidos, señalado como el responsable de desaparecer a los normalistas.
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Se presume que es el líder del Cártel Guerreros Unidos, organización criminal al que se le atribuye la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
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El fiscal general Alejandro Gertz afirmó: “Se acabó la verdad histórica” y dijo que Tomás Zerón era buscado por las faltas cometidas en la investigación del caso. También solicitó otras 46 órdenes de aprehensión a funcionarios de Guerrero por su presunta relación en la desaparición de los 43 estudiantes.
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Hallan restos óseos en la barranca la Carnicería a 800 metros del basurero de Cocula.
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Confirman que los restos hallados en La Carnicería y sin alteraciones de fuego, son del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre; se rompe la ¨verdad histórica¨.
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Se divulga un video en el que aparece el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, en un interrogatorio con violencia. Zerón actualmente es buscado por la Interpol por violar los derechos humanos.
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La fiscalía general de la república creó la Unidad de Investigación y Litigación para el caso. Omar Gómez fue nombrado por el procurador general, Alejandro Gertz, para encabezar la unidad. Gómez, quien colaboró con la CNDH durante la presidencia de Peña Nieto, se posicionó como uno de los principales opositores de la “verdad histórica”.
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El Diario Oficial publica un decreto en el cual el gobierno de México reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar casos individuales en el país.
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El fiscal Gertz dijo que el gobierno anterior “en todas sus instancias: encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”.
Acusó que el entonces titular de la PGR, Murillo, “se convirtió en encubridor y vocero del Ejecutivo para orquestar este engaño mediático y eludir las responsabilidades que eran ineludibles”. -
Se dio a conocer la detención del capitán José Martínez Crespo por su presunta implicación en la desaparición de los normalistas, lo que lo convirtió en el primer militar aprehendido en relación con estos hechos. Crespo ingresó a la prisión del Campo Militar 1-A de la Ciudad de México, luego de que se presentara de manera voluntaria.
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Era mando del 27 Batallón de Infantería con base en Iguala, Guerrero, cuyos miembros son investigados en torno a su papel en la desaparición de los estudiantes. El militar acudió a la comandancia de la policía de Iguala con 12 elementos del batallón, la noche de los sucesos. Sidronio Casarrubias Salgado ‘El Chino’, aseguró que el militar trabajaba para su grupo.
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El periódico El País publicó un reportaje en el que indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha atendido las peticiones de información de la FGR. El diario destaca que los investigadores apuntan en sus pesquisas “a unos 30 militares entre los que estuvieron en Iguala y la cadena de mando”. En esa lista se encuentran los generales José Rodríguez, responsable del batallón de Iguala en 2014, y Alejandro Saavedra, encargado de la zona militar del estado de Guerrero.
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José Martínez Cruz, quien por ocho meses encabezó la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asegura que durante su gestión se revisaron “aspectos medulares” que no habían sido tocados en la recomendación sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, emitida en 2018. Entre ellos, asegura, el papel del Ejército y el modus operandi del hecho.
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Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron con el titular de la secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, ante quien insistieron que el organismo armado no ha dado toda la información que tiene en su poder sobre el caso Iguala, por lo cual se pretendía una reunión de trabajo entre el ejército y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
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“Juan” es Gildardo López Astudillo, mejor conocido como El Cabo Gil. Se trata del principal testigo colaborador con el que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) para resolver el caso Ayotzinapa
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La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa declara que presentará una denuncia penal por la "filtración" del expediente del caso sobre los normalistas desaparecidos, publicado por REFORMA.
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Testigo protegido identificado como ‘Juan’, presunto líder de Guerreros Unidos, menciona que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos junto a 30 personas más en una operación conjunta de militares, policías y sicarios. Un grupo fue interrogado en el Batallón 27 y luego entregado a los narcos para su desaparición, algunos fueron entregados muertos, la organización criminal sobornó a distintos funcionarios y mandos militares y policiacos para operar con impunidad en Guerrero.
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Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, obtuvo un auto de formal prisión contra el ex policía federal Luis “D”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada.
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Desempeñaba como titular de la estación de la Policía Federal en la ciudad de Iguala, Guerrero, la noche que ocurrieron los hechos. Según la FGR, probablemente tuvo conocimiento de la detención de estudiantes normalistas, negando posteriormente su detención, posible destino y paradero
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El Segundo Tribunal Colegiado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, confirmó la suspensión definitiva a favor de Gildardo López Astudillo, alias el Gil, presunto líder del grupo delincuencial “Guerreros Unidos”, y uno de los principales acusados de participar en el asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, según la “verdad histórica” de las investigaciones que realizó la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
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Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos lanzaron a través de sus redes sociales una convocatoria para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los jóvenes se las entregue de forma anónima a cambio de una recompensa, como parte de una estrategia para allegarse datos sin estar a expensas únicamente del trabajo de las autoridades.
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pide a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer el número específico de foja en el que se ubican los documentos firmados y/o realizados por el perito Raúl Pedraza Flores, durante julio de 2016, radicados en el expediente del caso Ayotzinapa.
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Equipo de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que forman parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, llevan a cabo otra diligencia en el basurero de Tepecoacuilco de Trujano, en la región norte de Guerrero, relacionada con la búsqueda de los 43 normalistadesaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala.
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Son enviados 16 restos humanos a la Universidad de Insbruck para determinar si corresponden a alguno de los estudiantes desaparecidos.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “ocultó información” sobre su participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y también se negó a entregársela a las autoridades, lo que se traduce en una falta grave.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la recomendación relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, emitida en noviembre de 2018, “no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida” de los estudiantes, en tanto que “revictimiza tanto a las víctimas directas como a las indirectas, específicamente a la comunidad de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero”
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El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que colabora en el caso Iguala, fue ampliado hasta el 31 de diciembre.
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Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron que, ante la falta de avances en la investigación sobre el paradero de sus hijos, realizarán una jornada de búsqueda del 19 al 23 mayo en Guerrero.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su ofrecimiento para que, quienes tengan información que lleve a la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aporten datos a cambio de protección para ellos y sus familias.
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Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), otorga información para evitar su extradición a Estados Unidos, señala a “Guerreros Unidos” y “Los Rojos” como involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
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Pablo Vega Cuevas, El Transformer, líder de una célula de los Guerreros Unidos en Chicago, se le conoce por estar implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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Era el encargado de organizar el trasiego de drogas, principalmente heroína y cocaína, desde Guerrero hasta Estados Unidos ocultas en autobuses comerciales que cubren la ruta México-Chicago.
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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó la destitución del ex suboficial de la Policía Federal (PF), Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
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El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, comentaron que se consignaría un expediente en contra de peritos que manipularon evidencia.
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El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios realizados a testigos del caso Ayotzinapa, en los que se observa a funcionarios públicos sometiendo a tortura a varios de los informantes que supuestamente estaban involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
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La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa publicó dos conversaciones donde se revela cómo autoridades de la policía municipal de Iguala, Guerrero, entregaron a los normalistas al jefe de los Guerreros Unidos, Gilberto López Astudillo, El Gil, durante la noche del 26 se septiembre de 2014.
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El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de utilizarlo como “chivo expiatorio” y pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que cite a declarar a otros exfuncionarios que estuvieron atentos al caso, entre los cuales mencionó a Jesús Murillo Karam, Eugenio Imaz y Miguel Ángel Osorio Chong, en aquel entonces procurador general de la República, titular del Cisen y secretario de Gobernación, respectivamente.
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Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa solicitaron al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que emita recomendaciones al Estado mexicano y los ayuden a encontrar a sus hijos.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó de la detención de Mateo “N”, ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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Presunto integrante de Guerreros Unidos, quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada por los hechos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos".