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La Constitución de 1991 declaró la educación como un derecho humano fundamental y un servicio público con función social, sentando las bases para las leyes de educación posteriores en Colombia.
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Se aprobó la Ley 115, La ley marcó un hito importante en la reforma educativa de Colombia, pero no reguló directamente el derecho humano a la educación, sino que se centró en la regulación del servicio educativo. Dejó la regulación de la educación como un derecho humano para futuras leyes estatutarias, que nunca se materializaron
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Reformas significativas afectaron el financiamiento educativo, incluyendo el Acto Legislativo 01 y la Ley 715. Estas reformas trasladaron los subsidios a la demanda en lugar de a la oferta, redujeron los recursos para la educación y profundizaron las brechas históricas de subfinanciamiento, impactando la realización de los derechos educativos y obviamente exacerbando la falta de financiamiento existente en la educación.
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Los esfuerzos de descentralización de la Constitución de 1991 enfrentaron reveses, ya que durante la presidencia de Pastrana los recursos se redireccionaron al nivel nacional, lo que impactó en la gestión de los fondos educativos.
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Sentencia C-376 de 2011
En respuesta a una demanda, la Corte Constitucional dictaminó que la educación debía ser gratuita en todas las escuelas públicas. Esta decisión obligó al gobierno a establecer la educación gratuita en todo el país, abordando un vacío dejado por la Ley 115 original. -
En el 20° aniversario de la Ley 115, se publicó una evaluación crítica, destacando el impacto mixto de la ley en la educación colombiana. Reconoció los avances de la ley, pero criticó su fracaso en garantizar plenamente la educación como un derecho humano.