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la lucha por los derechos políticos de la mujer comenzó en Francia, durante la Revolución de 1789; sus protagonistas denunciaron que «la libertad, la igualdad y la fraternidad» sólo eran para los hombres
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Una de las voces de protesta más enérgicas fue la de Olympe de Gouges, autora de la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, en 1791. En este documento, la autora reclamaba para las mujeres los mismos derechos políticos que disfrutaban los hombres, el voto entre ellos, pues si ellas podían subir al cadalso, también debían poder ocupar cargos públicos. Pero no tubo ningún éxito
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Las sufragistas no solamente lucharon por los derechos políticos de las mujeres, sino también por la igualdad en otros aspectos y campos. Dieron prioridad a la lucha por el voto porque consideraban que una vez conseguido accederían a los parlamentos y podrían cambiar las leyes e instituciones.
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En 1848, en el Estado de Nueva York, se aprobó la Declaración de Seneca Falls, uno de los textos fundacionales del sufragismo. Las ideas que se utilizaron para reivindicar la igualdad de los sexos eran de corte ilustrado: apelaron a la ley natural como fuente de derechos para toda la especie humana, a la razón y al buen sentido de la humanidad
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En 1869, John Stuart Mill escribió La sujeción de la mujer y presentó la primera petición a favor del voto femenino en el Parlamento, comenzando, de ese modo, una larga serie de iniciativas políticas a favor de las mujeres.
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la primera vez que la mujer puede ejercer el voto en Nueva Zelanda
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En el año 1903, Emmeline Pankhurst fundó en Londres la “Unión Social y Política de Mujeres”, cuyas militantes protagonizaron muchas acciones: protestas, manifestaciones y huelgas de hambre, siendo pioneras en unos métodos de lucha que, posteriormente, adoptarían otros colectivos.
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Las mujeres estadounidenses no pudieron ejercer el derecho al voto en elecciones federales hasta el año 1920, aunque en otro tipo de elecciones ya votaban anteriormente.
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En España se reconoció el derecho al voto en la Constitución de 1931, después de un intenso debate parlamentario en el que destacó su gran defensora, Clara Campoamor.
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La Convención sobre los derechos políticos de la mujer fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución de 1952 y entró en vigencia en 1954, basándose en el Artículo 21 de la Declaración de Derechos Humanos, y explicitando el derecho de las mujeres al voto y su acceso a cargos públicos.
