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Ley de túnel de canal declara ilegal la financiación del gobierno para un enlace ferroviario del túnel del Canal de la Mancha.
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La construcción se retrasó hasta la aprobación de la Ley de Enlace Ferroviario del Túnel del Canal.
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Surgieron serias dificultades financieras y se produjeron grandes cambios con un plan de rescate del gobierno británico.
Como parte del rescate de 1998, se acordó que después de la finalización, Railtrack compraría la sección 1 con la opción de comprar la sección 2. -
Railtrack anuncia que debido a sus propios problemas financieros, no se compromete a comprar la sección 2.
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Surgen rumores de que un "tercero" (que se cree que es un consorcio encabezado por el banquero Sir Adrian Montague) había expresado su interés en comprar la participación de los socios actuales en el proyecto.
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LCR se declara insolvente y el gobierno recibió un acuerdo para utilizar la ayuda estatal para comprar la línea y abrirla a la competencia para permitir que otros servicios la utilicen además de Eurostar.
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El gobierno anunció el 5 de noviembre de 2010 que se había vendido una concesión para operar la línea durante treinta años por 2.100 millones de libras esterlinas a un consorcio de inversores canadienses.