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Aparece la contextualización del concepto de educación inclusiva en los países que forman parte de América Latina se deriva del análisis de las constituciones y leyes de la educación.
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Se contextualiza el concepto de educación inclusiva mediante la enseñanza que se imparte gratuitamente y garantiza el derecho a todos los ciudadanos a recibirla sin distinciones ni privilegios.
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Surge la Ley N° 7.583 sobre el Apoyo a las Personas con Discapacidad y su Integración Social.
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El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), se convierte en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en 2015. Dichas instituciones experimentaron un aumento significativo desde la primera década del siglo XXI y en especial a raíz de que los países de la región ratificaron la Convención Regional de la OEA y la Convención Internacional de la ONU en materia de derechos y acciones para las personas con discapacidad.(Meléndez, 2018)
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Surge la contextualización de educación inclusiva, equidad educativa, efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.
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El Gobierno Nacional el que brinda "ayuda especial a las entidades territoriales, para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales que sean necesarios con el fin de atender en forma integral, a las personas con limitaciones", permitiendo que aunque las funciones se encuentren delegadas a entidades de menor nivel, haya una retroalimentación y ayuda especial concretada a través de la asesoría, al momento de implementar las aulas.
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Surge la contextualización de educación inclusiva, Integral, sin ningún tipo de discriminación por razón de etnia, sexo, credo, posición económica y social o cualquier otra naturaleza
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“Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad”, promovida por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los objetivos de esta Convención fueron prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad e instar a lograr la plena inclusión social mediante políticas y programas sociales y educativos (OEA, 1999).
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Decreto N° 888, Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con Discapacidad.
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La Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS). Esta Red promueve y protege los derechos de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, alentando la no discriminación en la sociedad y promoviendo su desarrollo incluyente por la mejoría de su calidad de vida (RIADIS, 2018).
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La OEA promulgó la “Declaración del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016)”. Contemplaba un programa de acción que los comprometía a adoptar gradualmente y dentro del plazo de una década medidas legislativas, administrativas, así como políticas públicas necesarias para mejorar la inclusión social y la calidad de vida de las personas con discapacidad. (Ullmann, 2017, p. 276).
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La Ley 20.370 define que el estudiante con necesidades educativas especiales es aquel que requiere de "ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación"
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Educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses, con igualdad de oportunidades y de equiparación de condiciones.
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La Ley 20.422 establece que "la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo establecimiento educacional o en escuelas especiales" (2010), entendiéndose estas últimas como instituciones "que atienden alumnos con discapacidad sensorial, intelectual, motora, de la relación y comunicación y trastornos específicos del lenguaje" (Ministerio de Educación, 2005).
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Surge la ley Estatutaria 1.618 de Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Plantea garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Una de sus metas al 2030 es explícita en plantear que para esa fecha deben haberse eliminado las disparidades de género en la educación, garantizado el acceso a las personas vulnerables y asegurado la inclusión de las personas con discapacidad (PNUD, 2015).
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Es incluido el concepto de igualdad educativa, para asegurar las condiciones necesarias para la inclusión.