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El derecho de acceso a la información pública (DAI) consiste en un conjunto de garantías jurídicas que
afirman la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Se promulgaron en 1977 y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. -
A partir de la transición a la democracia en el año 2000, que se han implementado diseños institucionales, políticas y nuevas
prácticas democráticas con miras a la consolidación de un Estado más responsable ante la
ciudadanía, es decir, que rinda cuentas. -
1) El acceso a la información como derecho humano universal.
2) La información pública le pertenece a las personas.
3) Máxima apertura de los poderes del Estado.
4) Obligación de publicar y entregar la información que posee el Estado.
5) Procedimientos sencillos, ágiles y a costos mínimos.
6) Mínimas excepciones
7) Organismo autónomo para promover la apertura y resolver controversias.
8) Tras la pista del dinero público.
9) Consistencia jurídica.
10) Promoción del federalismo -
Tuvo dos componentes fundamentales: 1) El reconocimiento de que los ciudadanos pueden solicitar información al gobierno federal y que éstos deben entregarla, es decir, el
reconocimiento legal del DAI y; 2) La construcción de un complejo entramado de instituciones y de
procesos para implementar dicho derecho. -
Los primeros estados que promulgaron leyes de acceso a la información fueron Jalisco, Sinaloa,
Aguascalientes y Querétaro -
El índice de desarrollo de gobierno electrónico realizado por Naciones Unidas cada dos años, desde
2003, evalúa el desempeño en materia de gobierno digital. Es el único informe en el mundo que evalúa
el estado de desarrollo del gobierno digital de 193 países. Evalúa tres aspectos: 1) la disponibilidad de
servicios en línea; 2) la infraestructura de telecomunicaciones, y 3) la capacidad humana. -
Entre 2003 y 2006, veinte entidades promulgaron leyes en materia de transparencia.
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En 2005, se emitió́ el acuerdo para la creación
de la Comisión Intersecretarial de Gobierno Electrónico, que tuvo como principal objetivo usar las TIC
para el buen gobierno -
El 22 de noviembre de 2005, dentro del Primer Congreso Nacional de Transparencia
Local, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaran la Declaración de
Guadalajara, promovieran una reforma constitucional en materia de transparencia. -
En este decreto se adicionó un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6° de la Constitución, como por ejemplo:
El acceso a la información como un derecho fundamental en México.
La información gubernamental como bien público.
El principio de máxima publicidad de la información gubernamental.
Las restricciones al principio de máxima publicidad de la información gubernamental -
Para 2008, todos los estados contaban con legislación en materia
de transparencia y acceso a la información. A pesar de ello, el marco normativo en cada estado era
muy distinto, lo que derivó en una enorme heterogeneidad en las normas y en la efectividad de su
aplicación. -
En 2013 se hicieron reformas al artículo 6º constitucional, las cuales garantizaron, en correspondencia
con lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia, el derecho de toda persona al libre
acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de
toda índole por cualquier medio de expresión. -
En noviembre de 2013, el gobierno de la República Mexicana publicó la Estrategia Digital Nacional
derivada de la Estrategia Gobierno Cercano y Moderno, y el primero de sus cinco objetivos se refirió a
la transformación gubernamental, consistente en la construcción de una nueva relación entre la
sociedad y el gobierno, basada en la experiencia de los ciudadanos como usuarios de los servicios
públicos, mediante la adopción de las TIC en el Gobierno de la República. -
En el Plan de Acción 2013-2015 se formularon 5 líneas de acción bajo cinco grandes objetivos para
promover la transparencia y rendición de cuentas y consolidar un México Abierto -
La finalidad de este instrumento
jurídico fue ampliar y fortalecer los
mecanismos de acceso a la información
para que el Estado mexicano adoptara el
nuevo paradigma de gobierno abierto.