El derecho de acceso a la información y la transparencia

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  • El DAI 1977

    El DAI 1977
    Se deriva de las reformas al artículo 6º constitucional, relativas al derecho a la información, que se promulgaron en 1977 y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó, , casi cuatro lustros después, a fin de que los mexicanos ejercieran su derecho de conocer la información producida y controlada por los actores públicos
  • Transición a la democracia 2000

    Transición a la democracia 2000
    Se implementan diseños institucionales, políticas y nuevas prácticas democráticas con miras a la consolidación de un Estado más responsable ante la ciudadanía, es decir, que rinda cuentas.
  • Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP) 2002.

    Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP) 2002.
    Oaxaca, donde medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información, lo que derivó en la llamada Declaración de Oaxaca y en la inserción del tema en la agenda pública
  • 2003 y 2006

     2003 y 2006
    veinte entidades promulgaron leyes en materia de transparencia y, el resto, tardó más de 5 años en hacerlo
  • 20 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación

     20 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
    Se modifica la Constitución para incluir al DAI en este nivel.
  • 7 de febrero de 2014,

     7 de febrero de 2014,
    fue publicada en el Diario Oficial de la Federación otra reforma al artículo 6º constitucional para renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de la implementación de un sistema integral en la materia que garantizara, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México
  • 2015 se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

    2015 se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
    Instrumento jurídico que busca ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información para que el Estado mexicano adoptara el nuevo paradigma de gobierno abierto.