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Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores son detenidos por miembros del Ejército Mexicano en la Sierra de Petatlán, Guerrero, mientras realizaban actividades de protección ambiental.
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Del 02 al 06 de mayo, durante su detención, ambos activistas denuncian haber sido sometidos a torturas físicas y psicológicas con el objetivo de obtener confesiones autoincriminatorias.
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Son presentados ante el Ministerio Público y acusados formalmente de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, narcotráfico y delincuencia organizada.
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Son condenados a 6 años y 8 meses de prisión por los delitos de los que se les acusaba, con base en las confesiones obtenidas bajo tortura.
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Diversas organizaciones de derechos humanos en México y a nivel internacional comienzan a denunciar el caso y la tortura a la que fueron sometidos Cabrera García y Montiel Flores. Se señala la falta de imparcialidad en el proceso judicial llevado a cabo en tribunales militares.
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La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentan una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando violaciones a los derechos de Cabrera García y Montiel Flores.
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La CIDH emite su informe de fondo, concluyendo que el Estado mexicano violó los derechos de Cabrera y Montiel en su detención, tortura y juicio.
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Tras más de 11 años en prisión y ante la presión de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos, ambos activistas son liberados por orden de un tribunal mexicano, que revocó la sentencia debido a la falta de pruebas y las irregularidades en su proceso judicial.
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La CIDH somete el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), argumentando que el Estado mexicano violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, y a garantías y protección judiciales de Cabrera y Montiel, entre otros.
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La Corte IDH emite su sentencia, concluyendo que el Estado mexicano es responsable de la detención arbitraria y tortura de Cabrera García y Montiel Flores. La Corte ordena al Estado reparar integralmente los daños, investigar los hechos de tortura, y garantizar que no se repitan estas violaciones.
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El Estado mexicano ofrece disculpas públicas a Cabrera y Montiel, en cumplimiento parcial de las recomendaciones de la Corte. Sin embargo, persisten críticas por la falta de una investigación seria y sanción a los responsables de la tortura.
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La Corte IDH emite una resolución supervisando el cumplimiento de la sentencia, señalando que el Estado mexicano aún no ha cumplido con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las torturas, entre otras medidas.