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Principio de justicia
Aunque no es específico del sistema legal romano, el principio general de buscar la justicia y la equidad en las decisiones judiciales tiene cierta semejanza con la noción subyacente del juicio de amparo, que busca garantizar los derechos de las personas frente a actos de autoridad.
Domicio Uipiano, fue quien acuño dar a cada uno lo que le corresponda. -
El sistema legal romano tenía diversas acciones legales que permitían a las personas proteger sus derechos y propiedades. Si bien estas acciones no son idénticas al concepto moderno de amparo. podrían considerarse como antecedentes remotos en términos de buscar protección legal.
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En la antigua Roma, existían los interdictos, que eran órdenes judiciales que otorgaban la posesión provisional de una propiedad o territorio a una de las partes en disputa hasta que se resolviera el caso. También se volizaban acto prohibitoria para prevenir que una parte tomara ciertas acciones que pudieran causar daño a otra. Estos mecanismos podrían considerarse predecesores en cierta medida de la idea de protección judicial contra acciones judiciales.
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La Carta Magna es un documento histórico que limitó los poderes del rey de
Inglaterra y estableció ciertos derechos básicos para los ciudadanos y los nobles. Aunque no se trata de un “juicio de amparo” en el sentido moderno, sentó las bases para la idea de que el poder del monarca debe estar sujeto a ciertas restricciones y que los ciudadanos tienen derechos que deben ser respetados. -
Las Leyes de Partidas, un cuerpo legal compilado en el siglo XIll en el reinado de Alfonso X (El Sabio), establecieron principios legales que protegían los derechos de los individuos y buscaban limitar el poder del gobierno. Estas leyes sientan las bases para la protección de derechos individuales y el acceso a la justicia.
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Aunque no es un “juicio de amparo” en sí mismo, el Habeas Corpus Act es una legislación crucial que protege la libertad individual al garantizar que una persona detenida tenga el derecho de comparecer ante un tribunal para determinar la legalidad de su detención. Esto se relaciona con el concepto de protección de los derechos individuales frente al poder estatal.
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Después de la Revolución Gloriosa en Inglaterra se promulgó la Declaración de derechos “Bill of Rights” en 1689. Esta declaración estableció los derechos del Parlamento y los derechos individuales de los ciudadanos como, la libertad de expresión, la prohibición de crueldad, multas excesivas y el derecho a un juicio justo. Aunque esto no es un juicio de amparo, representa un paso importante hacia la protección de los derechos individuales.
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Aunque no es específico de Estados Unidos, la influencia de la Carta Magna (1215) y la Declaración de Derechos (1689) de Inglaterra se hizo sentir en la formación de la mentalidad jurídica en Estados Unidos. Estos documentos establecieron la idea de limitar el poder del gobierno y proteger ciertos derechos individuales
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La Declaración de Independencia de Estados Unidos, redactada principalmente por Thomas Jefferson, proclamó que todos los individuos tienen ciertos derechos inalienables, incluido el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta Declaración sentó las bases para la idea de proteger los derechos individuales.
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La casación surge con motivo de la revolución francesa, aunque algunos autores establecen el origen en el llamado “conseils des parties” (consejo de partes). La Revolución Francesa supone la división del estado en 3 poderes distintos, a la asamblea le incumbe legislar, al poder judicial aplicar esas normas sin desvirtuarlas, por lo que cualquier sentencia que contradijera la ley no era válida, en virtud del principio de plenitud de la codificación (todo esta reculado).
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La Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1787, estableció un marco legal para el gobierno federal y sus poderes. La Carta de Derechos, las primeras diez enmiendas a la Constitución, se agregó en 1791, y garantiza derechos fundamentales como la libertad de expresión, religión y el debido proceso legal.
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En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció el principio de revisión judicial y afirmó su capacidad para revisar la constitucionalidad de leyes acciones gubernamentales. Sentó un precedente importante para la supervisión judicial de las acciones gubernamentales.
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Durante las Cortes de Cádiz y la redacción de la Constitución de 1812, se introdujeron importantes conceptos legales relacionados con la protección de los derechos individuales y la imitación del poder monárquico. La Constitución de 1812, también conocida como la “Pepa”, estableció principios como la igualdad ante la ley, la libertad de prensa y el derecho a la propiedad.
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Después de la Guerra Civil, las Enmiendas XIV y XV (conocidas como las Enmiendas de la Reconstrucción) se adoptaron para proteger los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, incluido el debido proceso legal y el derecho al voto, independientemente de la raza o el color.
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Tras la proclamación de la Segunda República Española en 1931, se promulgó una nueva Constitución que estableció garantías de derechos individuales, incluido el derecho a un juicio justo y la protección de las libertades civiles. Fue un paso importante hacia la protección de los derechos individuales en España.
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La actual Constitución Española, promulgada en 1978, establece una estructura legal para la protección de los derechos fundamentales y establece mecanismos legales para su defensa, como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Aunque no es un “juicio de amparo” en el sentido mexicano, el recurso de amparo constitucional en España tiene similitudes en términos de protección de derechos.