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Inicia el proceso de diversificación del sistema administrativo en materia de estructura y funciones.
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Con la separación entre el Estado y la Iglesia, comienza la institucionalización del gobierno, obteniendo competencias, por ejemplo, en materia educativa, servicios de correos y telégrafos.
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Con la promulgación de la Constitución de 1917 será necesario la reforma administrativa para alcanzar los ideales revolucionarios; con ello, se promueve la Ley de Secretarías que configura los órganos centrales en secretarías y departamentos administrativos,
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Para sistematizar el apoyo a diferentes secretarías y realizar estudios para mejorar la Administración Pública fue creado el Departamento de Contraloría.
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En este periodo, la estructural de la administración centralizada fue reorganizada hasta tres veces, y con las Leyes de Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos se delega a los titulares de las dependencias centrales del sector público realizar modificaciones internas en sus respectivas instituciones; en algunos casos, las dependencias decidieron crear “comisiones de eficiencia”, para aprovechar sus recursos.
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Es creada la Secretaría de la Presidencia y la Dirección General de Estudios Administrativos (DGEA), que sustituyó a la CAP.
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En 1975 entró en vigor la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; en 1982 se decreta la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (que incluye un catálogo de puestos de gobierno federal); en 1983, se crear la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil; en 1985 se crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF);
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La SECOGEF se transforma en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), se integra el Programa para la Modernización de la Administración Pública Federal (PROMAP), lo cual permite –a través del diagnóstico y con la alternancia política– impulsar la Ley de Servicio Profesional de Carrera (2003) que establece el Sistema del Servicio Profesional de Carrera (SSPC).
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Se decretó el Programa de Administración Pública (1995-2000) que contiene dos grandes objetivos: a) transformar la Administración Pública en una organización eficaz, eficiente y con cultura de servicio; b) combatir la corrupción y la impunidad. Las acciones de modernización implementadas durante este periodo permitieron sentar las bases de nuevos valores y conductas de la administración moderna en las instituciones públicas.