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Que la empresa no tenga deudas con acreedores.
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Que se hayan pagado las nóminas, las liquidaciones y los finiquitos a todos los trabajadores que no sean socios.
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Que se haga un balance para la liquidación y no se presenten alegaciones o impedimentos por parte de los socios o de terceros.
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Que todos los socios o, en su defecto los socios que representan el 51% de las acciones o participaciones como mínimo, estén de acuerdo con la disolución.
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Que el administrador convoque una junta para la disolución.