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Declaración Universal de los Derechos Humanos
consagra en su Artículo 26 el derecho a la educación, como un derecho para todas las personas en todos los niveles, gratuito en lo elemental y fundamental, y generalizado en la instrucción técnica y
profesional; resaltando el acceso a estudios superiores en función de méritos -
Declaración Mundial sobre Educación para todos y el Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje
Convocó la presencia de 155 países y
150 organizaciones no gubernamentales que intentaron a través de este instrumento
acordar la universalización de la educación básica, reduciendo el analfabetismo. Enfatiza
la educación como un derecho humano de carácter fundamental, así como la satisfacción
de necesidades básicas de aprendizaje de diversos grupos desasistidos. -
Convención sobre los derechos del niño
Se detiene en el derecho a la educación en el Articulo 20 para recalcar que aunque un niño sea temporal o permanentemente privado de su medio familiar, habrá de atenderse la conveniencia de continuar su educación y origen étnico, religioso, cultural y
lingüístico; lo que promueve la inclusión social y educativa desde la diversidad en todos sus aspectos -
Declaración de los derechos del niño
El primer gran consenso sobre los principios a la luz de los cuales habrían de desarrollarse sus derechos. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño, a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento, a una alimentación, vivienda, a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física entre otros. -
Constitución Política de Colombia
Colombia es un Estado Social de Derecho, así reza el preámbulo de nuestra Carta Magna. El Estado Social de Derecho como forma de organización política liberal, en su connotación de Estado de Derecho, implica por una parte, la exaltación del papel que tiene la ley como mecanismo pacificador, cuya jerarquización pone en su óbice la Carta Constitucional; resguardando los fines y funciones del Estado. -
Conferencia Mundial Sobre Necesidades Educativas Especiales: acceso y calidad
El objetivo de promover la educación para todos, examinando los cambios requeridos para favorecer la educación integradora a partir de la capacitación de escuelas para atender a todos los niños; pero especialmente a aquellos que tienen necesidades educativas especiales, invitando a celebrar las diferencias, respaldar el aprendizaje y responder a las necesidades de cada cual. -
Ley 115 de 1994
Encontrando pertinente actualizar la última ley general de
educación vigente, que databa del año 1903, cuyas reformas habían sido iniciativa del ejecutivo, el Congreso; con ocasión de las facultades de regulación, inspección y vigilancia de la enseñanza, conferidas por la Constitución de 1991, expide la Ley General de
Educación de 1994. -
Decreto 1860 de 1994
Aunque en su artículo planteaba la posibilidad de los
establecimientos educativos para introducir excepciones al desarrollo del plan general de estudios; facilitando la integración de estudiantes con edad distinta a la observada como promedio para el grado, dadas sus limitaciones o capacidades excepcionales, este artículo fue derogado por el Decreto 230 de 2002, que estableció los mínimos que debe contener el plan de estudios, definiendo los criterios de evaluación y promoción de los educandos. -
Resolución 48 de 1996
Medidas encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, incorporando la perspectiva de los derechos humanos; desde esferas entre las que se cuentan: requisitos para la igualdad de participación, esferas previstas para la igualdad de participación, medidas de ejecución y mecanismos de supervisión; abarcando todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad. -
Decreto 2082 de 1996
Dispone que para lograr la integración escolar, los centros
educativos deben elaborar proyectos individualizados, diseñar instrumentos para evaluar al estudiante en el entorno social; en donde se determinarán sus necesidades educativas
especiales. -
Ley 1098 de 1996, Código de Infancia y Adolescencia
El Código de Infancia y
Adolescencia tiene como finalidad garantizar a niños, niñas y adolescentes su desarrollo pleno y armonioso, prevaleciendo los derechos a la dignidad, igualdad y no discriminación, en el entendido de que son corresponsables de ello el Estado, la Familia y la sociedad. -
Ley 361 de 1997
Dedica el segundo Capítulo a la educación. Plantea la
obligatoriedad del Estado de garantizar desde la educación pública, el acceso a la educación y capacitación en todos los niveles a las PCD, sin ninguna discriminación en razón a sus limitaciones, para acceder a instituciones públicas o privadas; promoviendo su
integración en aulas regulares, mediante programas educativos especiales individuales. -
Decreto 2247 de 1997
Establece como principios de la educación preescolar la integralidad, participación y la lúdica; que deberán reflejarse en las actividades lúdico-pedagógicas que tengan en cuenta
todas las dimensiones del desarrollo humano, los ritmos de aprendizaje y las necesidades de los menores con limitaciones, capacidades o talentos excepcionales, características
étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de cada comunidad. -
Foro Mundial por la Educación
continúa la propuesta de educación para todos,
convocando a los Estados para evaluar los avances en dicha materia y analizar las
dificultades surgidas para alcanzar la meta; renovando los compromisos adquiridos y
dando lugar a la identificación de seis objetivos comunes alcanzables al 2015 -
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad
Siendo su objetivo principal la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad; a partir del fomento de su plena integración social en igualdad de oportunidades para el desarrollo de su potencial humano; compromete a los Estados parte a adoptar acciones afirmativas reflejadas en medidas legislativas, sociales, laborales, educativas o de cualquier índole que resulte necesario. -
Resolución 2565 de 2003
Establece que cada entidad territorial debe organizar
la oferta educativa para las personas con discapacidad teniendo en cuenta la demanda, las condiciones particulares de la población y las características de la entidad; atendiendo siempre a los principios de integridad social y educativa. Además deberá verificar que los
profesionales de apoyo contratados cuenten al menos con dos años de experiencia en atención a esta población y asignarles funciones -
Conpes Social 80 de 2004
Este documento constituye un antecedente en política
pública en discapacidad y los compromisos para su implementación. Parte del plan de desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario” vinculando como estrategias para su
materialización la participación de instituciones del Estado en las diferentes entidades territoriales, la sociedad civil y la ciudadanía. -
Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables 2005
La ampliación de cobertura, con especial atención a la población vulnerable como un mecanismo de equiparación de oportunidades. La política de calidad, mejorando los esquemas de aprendizaje y de motivación de los niños, esperando que los estudiantes desarrollen
competencias básicas y ciudadanas, elevando y consolidando los principios de convivencia, democracia y solidaridad. -
Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016
Orientar los esfuerzos de los diferentes ejes sectoriales en materia de educación, estableciendo entre sus objetivos macro la atención a la población con necesidades educativas especiales a partir de apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos
minimizadores de las barreras de aprendizaje, la promoción de la participación de la población vulnerable; entendiendo que esta recoge tanto las personas con discapacidad como aquellos que tienen talentos excepcionales. -
Ley 1145 de 2007
Establece el Sistema Nacional de Discapacidad, pretendiendo
desde allí impulsar la formulación e implementación de políticas públicas en discapacidad, en forma coordinada entre entidades públicas, nacionales regionales y locales, así como las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad. -
Decreto 366 de 2009
Este decreto pretendió contribuir a la organización del
servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva a estudiantes con barreras de aprendizaje, discapacidad y capacidades o talentos excepcionales. -
Ley 1346 de 2009
Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los
Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Con relación con el tema de la educación inclusiva plantea en su artículo 24 los siguientes lineamientos -
Conpes 122 de 2009
Conpes 122, tienen fundamento en el artículo 16 de la Ley 715 de 2011 para lo que tienen en cuenta los criterios de: población atendida; población por atender en condiciones de eficiencia y equidad. Al respecto el
documento propone “El esquema de asignación de los recursos de la Participación para Educación de la vigencia 2009 asegura que la educación pública esté realmente al servicio
de los niños y jóvenes, bajo criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad fiscal” -
Plan Sectorial de Educación 2010-2014
“El nuevo modelo de distribución de recursos del SGP, reconoce condiciones de contexto socioeconómico, institucional, de atención, vulnerabilidad y cobertura a cada ETC” (Entidad Territorial Certificada). “El 90% de las ETC mejoró su asignación de recursos por población atendida” -
Directiva Ministerial 15 de 2010
Esta directiva Ministerial tiene como objetivo
brindar orientaciones sobre el uso de los recursos adicionales para los servicios de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) -
Acuerdo 001 de 2011
Por el cual se adopta el reglamento para el Consejo
Nacional de Discapacidad – CND, este último propuesto como organismo consultor y de asesoría del Sistema Nacional de Discapacidad para la planificación, coordinación,
concertación, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas generales y sectoriales en Colombia. -
Ley 1482 de 2011
Por medio de la cual se modifica el código penal y se
establecen otras disposiciones. Plantea lineamientos para fortalecer el derecho a la no discriminación a partir del goce de los derechos humanos definidos por la ONU; tiene sustento en la normativa que desde este ente internacional se ha desarrollado desde 1948 definiendo la responsabilidad de los Estados inscritos para lograr la realización de los derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. -
Conpes Social 166 de 2013
Se busca definir lineamientos, estrategias y recomendaciones que con la participación de las instituciones del Estado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, avanzar en la construcción e implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, que se basa en el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las Personas con Discapacidad. -
Ley 1618 de 2013
El objetivo de esta ley es garantizar y asegurar el ejercicio
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables; propendiendo por la eliminación de toda forma de discriminación por razón de discapacidad -
Decreto 1421 de agosto 29 de 2017
Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad.