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Se inicia una intervención económica para promover el desarrollo industrial. Predomina la idea del Estado productor y planificador, no garante de derechos. Los servicios públicos son exclusivos del Estado, sin participación ciudadana. El gasto social era reducido y concentrado en zonas urbanas. -
Se adopta una visión más liberal y centralista del Estado.
Privatización parcial de empresas públicas.
Aumento de la deuda externa y desigualdad económica.
Los derechos sociales no tenían rango constitucional. “El Estado debía promover la prosperidad, pero no garantizarla.” -
La Constitución de 1991 redefine el papel del Estado como garante de derechos fundamentales y sociales.
Introduce principios de igualdad, solidaridad, participación y descentralización.
El gasto público adquiere un enfoque social y redistributivo.
Artículo 1: “Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana.” -
Ley 100 de 1993: Crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones. Se fortalece la inversión en educación, salud y vivienda a través del gasto social. Se consolida el Sistema General de Participaciones (SGP) para transferencias a territorios.
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Creación de mecanismos de acción de tutela y veedurías ciudadanas. Avanza la descentralización administrativa y fiscal. El Estado asume la función de garantizar servicios públicos esenciales.
“Toda persona tiene derecho a acceder a los servicios públicos y a exigir su prestación eficiente. -
Incremento del gasto público en sectores sociales y programas de equidad. Reconocimiento de nuevos derechos: medio ambiente, igualdad de género, paz y acceso a la información. Fortalecimiento del control ciudadano sobre el uso de recursos públicos. Desafío persistente: corrupción y desigualdad regional.
