"EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA: CASO DE ESTUDIO, MICRORREGIÓN DEL ESTADO DE OAXACA"
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Se crearon condiciones de protección hacia las grandes empresas (nacionales o extranjeras), permitiéndoles procesos de concentración y centralización de capital (García-Aguirre, 2012), así mismo, posicionarse estratégicamente y establecer un control monopólico sobre los mayores y más ricos depósitos minerales del país. -
El gobierno de México aplica el paquete de medidas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de estabilizar la crisis y desequilibrio macroeconómico que atravesaba el país (Delgado y Del Pozo, 2001). Creyendo la falsa idea del desarrollo. -
Se eliminaron los impuestos a la exportación y se abrió la posibilidad a las compañías mineras de reducir su carga tributaria, en función de los mecanismos fijados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en coordinación con el Banco de Comercio Exterior y Nacional Financiera (Delgado y Del Pozo, 2001; Quintana, 2014; Azamar y Ponce 2014). -
Se establecieron tasas diferenciales de descuento al impuesto directo relacionado con la producción minera, y un año más tarde, fue derogado ese impuesto para las grandes empresas y se compensó con la aplicación de certificados de promoción fiscal (Basave-Kunhardt, 1996). -
Se apertura el proceso de privatización con la desincorporación de alrededor de 6.6 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales. Con esto, la riqueza del subsuelo se fue a manos de grandes consorcios mineros de base nacional y en menos de 8 años se pusieron a disposición poco más del 98% de las reservas federales (Delgado-Ramos; Sánchez- Salazar, 2010 y Tetreault, 2013). -
Se abre la posibilidad de inversión foránea en labores de exploración (capital de riesgo) y una cierta participación de la misma en actividades de explotación bajo jerarquías. Por otro lado, el derecho por la explotación se eleva a más del 1000 por ciento (Delgado y Del Pozo, 2001), lo cual trajo consigo la liberación de concesiones a favor de la gran minería y el lógico desplazamiento de los pequeños mineros (López-Bárcenas y Eslava-Galicia, 2011; Fuente y Barkin, 2013). -
Se realizaron reformas al artículo 27 constitucional para disponer del territorio, se le quitó al régimen ejidal su carácter inalienable, imprescriptible e inembargable (DOF, 2018), es decir, por primera vez se permitiría que las tierras ejidales pudieran ser vendidas, arrendadas o hipotecadas, lo que suscitó la facilidad de posesión de territorios que anteriormente no podían ser comprados o concesionados y con ello, el despojo de territorios a las comunidades más desfavorecidas. -
Se creó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Urbano (LGAHOTU), la cual menciona en su artículo 8 que le corresponde a la Federación el ordenamiento territorial y tiene la facultad de disponer de territorios mexicanos para proyectos de inversión pública y privada (Diario Oficial de la Federación, 2016). -
Se expide una nueva Ley Minera, en la cual se derogó totalmente el impuesto a la explotación minera, además, se hizo posible la apertura total del sector a la inversión extranjera (Martínez, 2018) bajo la figura de “Sociedades Mexicanas”, que eran entidades sin ninguna otra restricción a la participación del capital extranjero que no fuera la de constituirse conforme a las leyes mexicanas en la materia y estableciendo su domicilio legal en el país. -
En la República Mexicana existen 25,356 concesiones mineras (Secretaría de Economía, 2021), que hace un total de superficie concesionada de 21, 982,339.76 de hectáreas. -
Actualmente el 5.2% del territorio oaxaqueño está concesionado a proyectos mineros (Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, 2022) a través de 322 concesiones mineras en etapas de exploración, desarrollo, explotación o postergación (Secretaría de Economía, 2022). Estos proyectos mineros han causado conflictos socioambientales, por contaminación de ríos, mantos acuíferos, enfermedades, enfrentamientos entre pobladores y demás. -
La microrregión de estudio está integrada por los municipios: San Pedro Apóstol, Magdalena Ocotlán, San José del Progreso y el Rancho Monte del Toro, los cuales son afectados por la operación del proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán perteneciente al grupo Transnacional Fortuna Silver Mines.