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El Derecho de Acceso a la Información se deriva de las reformas al artículo 6° constitucional, relativas a la información, las cuales se promulgaron en 1977. En el 2000 se implementaron diseños institucionales, políticas y nuevas prácticas con miras a la consolidación del Estado que rinda cuentas a la ciudadanía con responsabilidad.
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Los medios de comunicación exigían una Ley de acceso a la información e inserción en la agenda pública y promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental (LFTAIP).
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Veinte entidades federativas promulgan leyes en materia de transparencia, cinco años después las demás entidades.
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Se conformo la Conferencia Mexicana para el acceso a la información pública.
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Primer Congreso Nacional de Transparencia Local. Los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas promueven una reforma constitucional en materia de transparencia.
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Entregaron al Legislativo Federal una iniciativa de Reforma Constitucional presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados por los coordinadores de los 8 partidos políticos representados por el congreso.
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Se pública en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica la Constitución para incluir al DAI en este nivel.
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Se construyeron las bases para un nuevo régimen de rendición de cuentas en los estados de Nuevo León, Coahuila y Michoacán. Los demás estados ya contaban con una legislación en materia de transparencia y acceso a la información.
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Se constituyó el Oppen Govemment Parthership, organización internacional que alienta a los países miembros a implementar los lineamientos de un gobierno abierto.
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Se hicieron reformas al artículo 6° constitucional para garantizar el derecho de toda persona al libre acceso a la información oportuna y veraz.
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Se pública en el Diario Oficial de la Federación otra reforma al artículo 6° constitucional para renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales.
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Se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Con la finalidad de ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información, así el Estado adoptara un nuevo paradigma, un gobierno abierto.
