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La construcción del derecho de acceso a la información en México
El derecho de acceso a la información pública (DAI) consiste en un conjunto de garantías jurídicas que afirman la igualdad de los ciudadanos ante la ley, para conocer las acciones y decisiones de sus representantes y eventualmente sancionarlos por mal desempeño o recompensarlos. A partir de la transición a la democracia en el año 2000, que se han implementado diseños institucionales, políticas y nuevas prácticas democráticas con miras a la consolidación de un Estado más responsable. -
Como una medida de consolidación de la democracia
El mismo se dio como resultado de dos sucesos
fundamentales: un seminario convocado en la ciudad de Oaxaca, donde medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información, lo que derivó en la llamada Declaración de Oaxaca y en la inserción del tema en la agenda pública; y la Promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP) en el año 2002. -
La institucionalización de la transparencia: el INAI y el acceso a la información
A partir de 2002 se implementaron las políticas de transparencia a fin de ayudar a reducir las asimetrías de información que causan muchos de los problemas e ineficiencias al interior de las
organizaciones gubernamentales. El primer paso hacia dichas políticas, fue la instalación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). -
Los primeros estados que promulgaron leyes de acceso a la información
Fueron Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes y Querétaro, en 2002. De hecho, Jalisco y Sinaloa lo hicieron antes que el gobierno federal. Posteriormente, entre 2003 y 2006, veinte entidades promulgaron leyes en materia de transparencia y, el resto, tardó más de 5 años en hacerlo. -
La política de transparencia: Sistema Nacional de Transparencia
El recorrido por la independencia de la política de transparencia comienza en 2004, cuando se conformó la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), -
Las diferencias entre los marcos legales estatales y el federal
Tuvieron como resultado que posteriormente, el 22 de noviembre de 2005, dentro del Primer Congreso Nacional de Transparencia
Local, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas firmaran la Declaración de Guadalajara, promovieran una reforma constitucional en materia de transparencia. -
se construyeron las bases para un nuevo régimen de rendición de cuentas
Para 2008, todos los estados contaban con legislación en materia de transparencia y acceso a la información. A pesar de ello, el marco normativo en cada estado era muy distinto, lo que derivó en una enorme heterogeneidad en las normas y en la efectividad de su aplicación. -
El gobierno abierto en México
En septiembre de 2011, se constituyó el Open Government Partnership, que es una organización internacional que tiene como objetivo alentar a los países miembros a implementar los lineamientos de gobierno abierto. Es una iniciativa multilateral dirigida a propiciar compromisos concretos de parte de
los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías. -
En el Plan de Acción 2013-2015
En el Plan de Acción 2013-2015 se formularon 5 líneas de acción bajo cinco grandes objetivos para
promover la transparencia y rendición de cuentas y consolidar un México Abierto. -
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015)
El 7 de febrero de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación otra reforma al artículo 6º constitucional para renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de la implementación de un sistema integral en la materia que garantizara, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México -
La calidad de las leyes de acceso a la información en México
El Open Government Partnership (OGP) es una organización que elabora una medición llamada índice de gobierno abierto, en la que desarrolla un ranking mundial para evaluar la calidad de las leyes de acceso a la información en 102 países alrededor del mundo, con base en 4 variables.