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Ordenanzas de Bilbao
Los juicios mercantiles se regian por las Ordenanzas de Bilbao dejando de lado otros ordenamientos españoles -
Primer código de comercio
Se expidió el primer código de comercio, siendo presidente del país, Antonio López de Santa Anna -
Nuevo código de comercio:
El Código Lares tuvo escasa vigencia, retomándose la aplicación de las Ordenanzas de Bilbao, hasta que logró cristalizarse el proyecto de un nuevo código de comercio -
Actual Código de Comercio
El entonces presidente Porfirio Díaz, haciendo uso de la autorización conferida por el Congreso de la Unión, expidió en 1889 el actual Código de Comercio, apartándose totalmente de su antecesor en la parte procesal -
Reforma del Código de Comercio
Prácticamente el proceso mercantil regulado en el Código de 1889 permaneció intocado hasta la reforma de 4 de enero de 1989 -
Reforma del Código de Comercio
Se intentó regular más a detalle los principales actos
procesales, reduciéndose el margen de supletoriedad que hasta ese momento seguía en manos de los códigos procesales de cada una de las entidades de la federación -
Decreto para reformar el C.C
Cambia el régimen de supletoriedad, de los códigos
procesales civiles locales al Código Federal de Procedimientos Civiles, destacando que en el segundo párrafo del artículo único transitorio de dicho decreto -
Decreto para reformar el Art. 1054 del C.C.
Se publicó el decretó que reformó, entre otros, el artículo 1054 del Código de Comercio, incluyendo nuevamente a “la ley de
procedimientos local respectiva” como supletoria, después de aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles -
Reforma
Se volvió a reformar el Código de Comercio, con la
finalidad de dejar claro, que después de acudir a la legislación procesal civil federal, se acudirá a la local, siempre y cuando la primera de ellas no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera". -
Reforma Constitucional
Las controversias del orden civil o mercantil “a elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común". Esta determinación tuvo su justificación en que los tribunales federales resolvieran solamente las controversias mercantiles en las que se afectaran los intereses de la federación
