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El derecho de la protección de datos personales,
es un derecho humano reconocido a nivel
internacional después de la segunda guerra
mundial, a través de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948. Cabe mencionar
que el antecedente se encuentra en el
reconocimiento del derecho a la vida privada de
las personas. -
Ésta fue una iniciativa del Comité de Ministros del Consejo de Europa, con motivo de que en esa misma fecha pero de 1981 se abrió a firma el Convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, convenio que por más de 30 años ha sido considerado como el paradigma en la protección de datos personales en Europa y en otras regiones y países.
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La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, surge así el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el cual, es un organismo descentralizado y constituido por: Pleno, Comisionados, Comisionado Presidente, Secretaría de Acuerdos, Secretaría Ejecutiva y Direcciones Generales.
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La aprobación del Decreto por el cual se adicionó un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marcó una importante pauta para el derecho de la protección de datos personales.
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La reforma al artículo 16 constitucional también impacta en la temática de la protección de datos. Se presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, un proyecto por el cual se adiciona un párrafo al artículo 16 constitucional con la finalidad de reconocer el derecho a la protección de datos personales como una garantía fundamental y autónoma.
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Es hasta 2009 cuando la mayoría de las legislaturas locales aprobaron la reforma constitucional propuesta por el Congreso Federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de dicho año. (http://207.249.17.176/Transparencia/XIV%20Transp%20y%20Acceso%20Inform%20Marco%20normativo/Articulo%2016%20Constitucional.pdf)
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La Cámara de Senadores turnó el dictamen aprobado a la Cámara de Diputados radicando su estudio y valoración en las Comisiones Unidas de Gobernación, Función Pública y Justicia.
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