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El grito de independencia simboliza el estallido de una revolución que llevaba varios años formándose. La invasión de Francia a España, permitió la revolución y significó el descontento de un pueblo; fue nuestro nacimiento político que supondría un cambio y la formación del Estado como lo conocemos pues, el colonialismo marcó profundamente las relaciones sociales entre Estado y Sociedad; patriarcado y capitalismo.
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La primera fase del Estado colombiano, consolidó a la Gran Colombia y logró su reconocimiento internacional, de hecho, prometía ser uno de los Estados más poderosos y consolidados; una alerta para Europa. Pues, tras el grito de independencia, daba la ilusión de una organización política que fuera menos excluyente y desigual, diferente al que había establecido el Imperio Español y aunque, la colonia ya no regía directamente a la política, seguía presente en las jerarquías y relaciones sociales.
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En el Congreso de Cúcuta en 1821 se redactó la Constitución Nacional que instauraría jurídicamente al Estado de La Gran Colombia y reglamentó la vida política e institucional con el centralismo unitario. De esta manera, la constitución sentaba las bases de un futuro Estado 'democrático' e implantada con una clara ideología religiosa que fue heredada de la colonia y direccionó las formas de dirigir al Estado desde el Poder político con respecto a la dominación ideológica y política.
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Un movimiento político que estalló en Venezuela en aras de separar a este país de la Gran Colombia. Esto fue resultado del descontento con la Constitución Bolivariana que puso en disputa a centralistas y federales. Las zonas más alejadas del centro querían poder ejercer mayor control sobre sus regiones sin la presión de centro. Este movimiento fue clave para evidenciar los problemas que se venían condensado al interior de la Gran Colombia.
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Con la separación de las diferentes partes y la muerte de Bolívar, la Gran Colombia se disuelve jurídicamente en noviembre de 1831. Esto cambia las dinámicas de poder dentro del Estado y pone sobre la mesa la discusión sobre el nuevo orden político y quiénes deben regir los departamentos centrales de La Gran Colombia.
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Con la elección del presidente José Hilario López, los liberales ganaron mucha fuerza y a excepción del periodo entre 1855 y 1861, se mantuvieron en el poder hasta 1886. Esto trajo grandes cambios a nivel político, económico y social; se buscaba insertar al país en el mercado internacional y en el capitalismo, así como romper con el pasado colonial que había transformado las jerarquías sociales, justificando una desigualdad que definía quiénes debían ser los gobernantes y gobernados.
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A partir de 1886 se puso en marcha la regeneración conservadora, que vería su triunfo después del enfrentamiento civil conocido como La Guerra de los Mil Días. Supuso la toma del poder por parte de poderosos latifundistas conservadores de la mano con la Iglesia católica y los comerciantes internacionales; selló la estructuración centralizada del Estado. Las complejas relaciones sociales, políticas y económicas en el siglo XX, supuso la ineficiencia del Estado mínimo, en el liberalismo.
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La pérdida de Panamá tras la Guerra de los Mil días, dio resultado a la República de Panamá. Colombia acababa de perder uno de sus territorios con mayor poder económico; y aunque, el Estado, trató de ocultarle la noticia a la nación con el fin de negociar un retroceso en el plan de los panameños; los canales de comunicación y las relaciones sociales, ya se encontraban fracturadas y daban origen a nuevas formas de organización política y de concebir el territorio.
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El Pte. Pumarejo retomó las reformas liberales después de un Estado conservador de casi 50 años. Esto marcó el comienzo de la etapa de militarización y violencia política y social. Marcando las relaciones entre Estado y Sociedad, de manera tal, que la dominación política e ideológica sustentara y validara las acciones del Estado; si bien esos factores político-ideológicos se hallaban en el Estado y en la sociedad; era el Estado el único dueño y capaz de usar su fuerza legítima para tales fines.
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El período de la Violencia comprendido entre los años 20 y finales de los 50, marcaron la historia política de Colombia durante el siglo XX, en adelante. Las relaciones entre Estado y Sociedad Civil, eran inestables pues, la guerra entre partidos y la influencia de la lucha de los movimientos obreros en el mundo; exponían los rasgos de un Estado clasista y la necesidad que tenían los sectores populares en organizarse autónomamente y asumirse como sujeto histórico. Esas tendencias siguen vigentes
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Tras la Segunda Guerra Mundial, los países empiezan a implementar políticas sustentadas desde el Estado de Bienestar, satisfaciendo las necesidades básicas del individuo. Por tanto, la nueva forma de aspirar al poder político y las ideas progresistas de Luis Carlos Galán, lo llevaron a la muerte. Su asesinato marcó un antes y un después en Colombia; significó el inicio de un conflicto armado, basado en la violencia política que nos ha sometido por más de 50 años, dañando las relaciones sociales.
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La violencia político y social inundaba el Estado colombiano. El bipartidismo polarizaba a un país entero y escribía narrativas de conflicto interno. En 1953, el Gral. Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder con un golpe de Estado a Laureano Gómez. Durante su gobierno las relaciones entre Estado y Sociedad Civil, celebraron la llegada del voto femenino. Sin embargo, su autoritarismo, provocó un paro para evitar su reelección; salió del poder el 10 de mayo de 1957.
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Se formó una coalición bipartidista, donde liberales y conservadores se turnaban el poder cada 4 años y se repartirían la burocracia del gobierno en partes iguales. Esta forma de democracia duopolizada, el poder ya no daba espacio para otras formas de gobernar que no fueran las tradicionales. Por tanto, el descontento social provocó nuevas formas de organización política, dentro de los sectores populares, especialmente campesinos: el nacimiento de los grupos divergentes al margen de la ley.
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Nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo (FARC-EP), como respuesta al inconformismo con el poder bipartidista que no daba espacio político a formas diversas de gobernar. Asimismo, entre 1965 hasta 1984 nacen el ELN, EPL, M-19 y MAQL. Su alzada en armas exacerbó la violencia política que ya existía; partió de analizar al Estado como un ente al servicio de la burguesía o elite política y bipartidista que no generaban un cambio social.
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El narcotraficante más feroz de la historia; posó como miembro de la Cámara de Representantes a comienzo de los años 80. Su llegada al congreso, marcó la relación entre el Estado y el Narcotráfico; afectando la forma de hacer política y de asumir el poder político. Las instituciones del Estado empezaron a perder el prestigio y confianza puesto por la sociedad civil; separando a los individuos como colectivo del Estado, haciéndolos sentir que son ajenos a su accionar y a sus intereses.
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El caudillismo volvía a la escena política, de hecho, en las últimas décadas del siglo XX y entrado el siglo XXI, los personalismos políticos lograron conectarse con la sociedad civil, para intentar reconstruir los tejidos sociales que la insurgencia y la élite política habían fracturado. Así, fue como las ideas políticas de Galán tuvieron respaldo social; lo cual, supuso una amenaza para la oligarquía colombiana. La corrupción y la llegada del narcotráfico, lo asesinaron; otra ilusión perdida.
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Su asesinato, producto de un operativo en su contra, le dio de baja. El Estado celebró su caída y no sólo por el daño y las muertes que ocasionó sino, por la carencia de credibilidad que padecía el Estado colombiano. Este 'logro', pretendía aliviar la visión desencantada que tenían los colombianos sobre el accionar del Estado y de los políticos, pues, la despolitización de la sociedad afectaba fuertemente las relaciones sociales tanto del Estado con la sociedad, como de esta, con sus individuos.
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La nueva constitución, fue un logro. Reconoció a las minorías, se consolidó como un Estado Social de Derecho; Estado y Sociedad Civil empiezan a relacionarse el uno a otro, a reconocerse entre sí. A partir de allí, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, sin distinción de raza, ideología, origen, lengua y sexo.. La Constitución de 1991 intentó sanar épocas de desigualdad y violencia; sujetando jurídicamente a la Sociedad y al Estado de forma igualitaria.
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Ernesto Samper, Presidente de Colombia entre 1994 y 1996, se vio salpicado por presuntos ingresos de dinero a su campaña presidencial; presupuesto que al parecer tendría origen del narcotráfico. Fue un golpe duro para la legitimidad del Estado, para su administración y reconocimiento internacional; Samper pierde su visa por la desconfianza del gobierno estadounidense. Pero también, un golpe duro a la nueva constitución que daba la ilusión de un Estado sujeto a la ley.
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La asunción de Uribe como Jefe de Estado, marcó la política colombiana del siglo XXI. Su llegada, prometía un 'nuevo' liderazgo, diferente al bipartidista, a pesar de haber militado en el partido liberal, su llegada junto al partido de la U, supuso el inicio de un multipartidismo. Colombia traía un pasado violento que él supo aprovechar para sustentar su proyecto político de seguridad democrática; justificando la arbitrariedad y autoritarismo selectivo del Estado.
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El escándalo de la parapolítica salpicó al gobierno Uribe; políticos y miembros de su administración sostenían vínculos con paramilitares, entre ellos, su hermano y político Santiago Uribe. Nuevamente, las instituciones del Estado pierden prestigio y legitimidad política.
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La denuncia de posibles ejecuciones extrajudiciales a
jóvenes de Soacha y perpetradas por el Ejército Nacional; simbolizó la concepción fascista del Estado, en manos de su Jefe que pretendía justificar las acciones arbitrarias y violentas a la hora de hacer política. Desde acá, la relación social que se soñó desde la proclamación de la nueva carta política de 1991, se alejaba con fuerza; pues, la yidispolítica ponía en riesgo el prestigio y validez de la reelección de Álvaro Uribe. -
Las negociaciones iniciaron en la Habana, Cuba en 2012 y finalizaron con la firma en Cartagena en 2018. La esperanza de poner fin al conflicto armado entre el Estado y las Farc, se hizo realidad. El proceso de paz, traería progreso, desarrollo, paz y sobre todo, la garantía de no repetición. El proceso se convirtió en la hoja de ruta que debían seguir el Estado y la sociedad civil para tejer de nuevo los tejidos sociales que se rompieron en los territorios. El Estado mejora su relación social.
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Tras la firma del acuerdo, su implementación no ha sido fácil. La asunción a la presidencia por parte del uribismo —opositor del proceso— en 2018, ha puesto trabas. El poco interés de hacer presencia estatal en los territorios, nos está llevando de nuevo a la guerra; otros grupos insurgentes se disputan los territorios que dejaron las Farc. El panorama obligó nuevas formas de organización política dentro de los territorios; tras el acuerdo, han asesinado a más de 900 líderes y excombatientes.
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La falta de voluntad política para cumplir los acuerdos, está fragilizando a los territorios; no hay garantías de seguridad ni jurídicas para llevar a cabo procesos políticos y sociales; van más de 70 masacres en 2020 y el panorama es desolador. La sociedad civil perdió la poca credibilidad que tenía de sus instituciones; al punto, de despolitizarnos como sujetos políticos que somos y alejarnos de esa idea moderna en que, la política y el cambio social, residen en la ciudadanía.
