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El presidente Belisario Betancur, conservador que había llegado a la primera magistratura con una propuesta de paz, decretó la amnistía para la desmovilización de miembros de grupos guerrilleros.
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Se suscribió el primer acuerdo de cese al fuego entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional en el municipio de La Uribe (Meta) sobre la idea de una reestructuración y modernización de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia y la constitución de garantías para ejercer la actividad política por parte de los miembros de las FARC.
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Negociaciones con el Gobierno de manera conjunta en el Huila y el Cauca, lo que concluyó con un acuerdo en el que se estableció un cese al fuego, que posteriormente se rompió.
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participaron el EPL, el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado “Quintín Lame” (MAQL), el Movimiento de Integración Revolucionario “Patria Libre” (MIR-PL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Las FARC se lanzan a la lucha democrática con la creación de la Unión Patriótica, partido conformado por miembros de las FARC, del Partido Comunista, líderes indígenas, estudiantiles y sindicales.
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Con la participación de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) más las FARC-EP, en el marco de la “Primer Conferencia Bolivariana”, con el fin de alcanzar algunos acuerdos políticos, militares, organizativos entre las guerrillas que se materializaron en una declaración política sumada a un en el plan de acción unificado.
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La cumbre política se hizo, y allí surgió, entre otros compromisos, futuras cumbres, a fin de buscar diálogos de paz”). Con la liberación de Gómez Hurtado, el M-19 retomó protagonismo y mostró su voluntad para acercase al gobierno nacional, lo que daría como resultado el acuerdo de paz y la desmovilización.
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Entraron en conversaciones con el gobierno nacional, las cuales se aceleraron a lo largo de 1990 con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ya que su desmovilización se convirtió en pre condición para participar con varios escaños en la Asamblea Constituyente
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Hizo públicos sus “Doce puntos para construir una estrategia de Paz”, en Tlaxcala, en donde se planteaba una agenda amplia y no tan restringida como la que promovía el Gobierno Nacional, que a juicio de varios analistas se centraba en la desmovilización y entrega de armas, sin incluir discusiones sobre asuntos estructurales del país como el modelo económico.
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Una disidencia del ELN organizada como la Corriente de Renovación Socialista (CRS) decide dejar las armas para adentrarse en la vida civil y política. La CRS surge con el objetivo de hacer un reemplazo de la estrategia de la lucha armada por la política. A partir de este proceso se reinsertaron a la vida civil 650 combatientes.
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El ELN legitima esta iniciativa política y en la Cumbre Comandantes convoca a la “Convención Nacional”, que dará inicio a un nuevo intento por darle fin a la guerra, el cual no consistió en una negociación sino que se limitó a diálogos y acercamientos.
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Pastrana ordena la desmilitarización de 5 municipios de presencia histórica de las FARC-EP: La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, territorio conocido en la época como la zona de despeje o de distensión.
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Cumbre por la Paz en Cuba, se reafirman compromisos respecto a la necesidad de gestos de paz. Para ese momento el ELN se ve diezmado por la guerra con el paramilitarismo. El ELN muestra una postura flexible y dialógica exigiendo cumplimiento de acuerdos y mostrando voluntad para un cese al fuego unilateral de 6 meses a cambio del apoyo del gobierno a la guerrilla en términos de financiación. El 3 de junio de 2002 el gobierno rompe unilateralmente con el diálogo.
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El 26 de octubre de 2006 se hacen públicos los diálogos exploratorios que se venían dando con el gobierno desde septiembre de 2005.
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La agenda de este proceso giró alrededor del proceso de desmovilización, pues no hubo planteamientos respecto a reformas del Estado o determinadas políticas públicas. Ello se observa en el marco jurídico que se estableció para la negociación, la recordada Ley 975 de 2005 más conocida como ley de Justicia y Paz.
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El presidente Juan Manuel Santos anuncia a comienzos de septiembre que su Gobierno y las FARC firmaron un acuerdo marco que establece un procedimiento, una hoja de ruta, para avanzar en negociaciones de paz que comenzarán en la primera quincena de octubre en Oslo, Noruega, y luego continuarán en Cuba.
