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Se habla de la política social en México a partir de la constitución de 1917, donde los ideales revolucionarios se plasmaron en las instituciones más importantes del país con la finalidad de mitigar las grandes desigualdades que habían sido causa del estallido de la guerra, así como para subsanar las terribles consecuencias sociales que habían traído consigo casi diez años de lucha armada.
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A partir de 1917 el fundamento jurídico, filosófico y político de la política social quedó sustentado en los artículos 3, 4, 27 y 123. El artículo 3 habla de la universalidad y no exclusión de la educación para los mexicanos; el artículo 4 apela al derecho a los mexicanos a tener acceso a la salud y a una vivienda digna; el artículo 27 trata sobre la propiedad de la tierra y el 123 habla de los derechos laborales de los mexicanos.
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Instauró el modelo de sustitución de importaciones, al fomentar el crecimiento de la industria ligera productora de bienes de consumo no duradero.
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México adoptó la figura del Estado benefactor a través del modelo económico de sustitución de importaciones donde el principal objetivo era incentivar la industrialización del país y que dejara de ser eminentemente agrícola, se procuró la sustitución de productos que habían satisfecho la demanda local y que habían sido manufacturados en el extranjero, por productos manufacturados al interior del país.
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Se fortaleció el modelo económico hacia adentro, lo que incrementó las barreras arancelarias para los productos extranjeros. Durante este periodo, el número de ciudades con más de 2500 habitantes pasó del 42.6% al 58.7%.
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Se crea el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT)
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Se crea el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER)
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Se crea el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT)
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Se amplia la cobertura del IMSS a varios municipios y estados
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Durante su administración se descubrieron grandes yacimientos de petróleo que repercutieron en la política económica. Las medidas restrictivas promovidas por las recomendaciones que el FMI concedió al gobierno de Echeverría, rápidamente cambiaron a políticas de derroche, el error de esta política consistió en hacer que la economía dependiera, excesivamente, de un recurso natural tan fluctuante en el mercado como es el petróleo.
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Este periodo se caracteriza por una política social selectiva y racionalizadora de recursos públicos, así como permeada por la idea de corresponsabilidad de la población.
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El gobierno de Miguel de la Madrid intentó estabilizar al país a través de una reestructuración de los pagos que se debía hacer a los bancos comerciales, intentó disminuir los índices de inflación mediante las recomendaciones hechas por el FMI y una política de apertura al comercio exterior, sin embargo en 1985 se dieron las condiciones para que estallara una crisis en la balanza de pagos, que finalmente orillaron al gobierno a tomar medidas restrictivas en torno a la política fiscal y monetaria
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Es instrumentado en nuestro país el modelo de acumulación orientado al mercado externo, el cual ha contribuido a que las desigualdades persistan y se hagan más profundas
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Inicia su sexenio en medio de diversas complicaciones, profundiza el proceso de privatización en México, como fue con el caso de Teléfonos de México, Imevisión, la Banca, entre las principales. Aunado esto a reformas importantes, como la realizada al artículo 27 de la Constitución, que permitió la enajenación de las tierras ejidales; es decir, una nueva forma de privatizar la tierra.
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El costo del ajuste económico recae casi totalmente en los trabajadores, las oportunidades de bienestar social crecieron muy lentamente, en el año 2000 la igualdad de los ingresos y del tiempo libre alcanzan el nivel más bajo jamás registrado.
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El Estado Mexicano ha instrumentado diversos programas, el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 enumera en las áreas de salud, educación, fortalecimiento del empleo, entre otros, diversos programas, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha contabilizado un total de 3 127 programas y acciones sociales federales y estatales hasta 2012, de los cuales 278 eran federales y 2 849 programas y acciones eran estatales