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El 23 de septiembre de 2015 el gobierno de Colombia y las FARC-EP Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC-EP Rodrigo Londoño La delegación presidencial incluyó al presidente del Congreso y senador Luis Fernando Velasco, al presidente de la Cámara de Representantes Alfredo Deluque, al senador y líder liberal Horacio Serpa, al senador Antonio Navarro Wolff (guerrillero desmovilizado del M-19) -
Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano encabezado por el ex-presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), también conocidos como proceso de paz en Colombia, fueron las conversaciones que se llevaron a cabo entre el Gobierno de Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las FARC-EP para poner fin al conflicto armado interno de Colombia iniciado en 1960. -
la Fiscalía General de la Nación, “Inventario de casos relacionados con el conflicto armado” y "Retenciones ilegales realizadas por parte de las FARC-EP" la Asociación Colombiana de Víctimas de esaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes (Acomides), y de otras agrupaciones de víctimas que fueron secuestradas por las Farc-EP, así como otros informes de la Fiscalía General de la Nación y del Centro Nacional de Memoria Histórica. -
La situación de violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al DIH que afectan principalmente a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTI de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño Estudia aproximadamente 2.524 hechos victimizantés agrupados en 12 afectaciones cometidas presuntamente por integrantes de las extintas Farc EP y miembros de la fuerza pública en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas -
Los 2.248 colombianos presentados como guerrilleros dados de baja en combate entre 1988 y 2014, cuando no lo eran,‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.informe que entregó la fiscalía general de la Nación a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) y los 10 listados que aportó el Ministerio de Defensa en los que incluyó 1.944 miembros de la fuerza pública interesados en llevar sus procesos judiciales ante la JEP. -
En este caso se han analizado 29 informes, de los cuales 21 son de fuentes institucionales como la fiscalía general de la Nación, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los otros provienen de una organización de mujeres víctimas de violencia sexual, de dos organizaciones de derechos humanos que relatan hechos de desplazamiento forzado y despojo, de tres organizaciones de derechos humanos y uno de una organización indígena. -
En esos documentos, la Sala de Reconocimiento identificó hechos graves como desplazamiento forzado, secuestros, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente y al territorio, por parte de integrantes de las Farc- EP y de miembros de la fuerza pública entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016 -
Asimismo, se identifica que los miembros de la UP fueron víctimas de hechos que atentan contra el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad física, sexual y psicológica, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Distintas hipótesis en los informes señalan a agentes del Estado, a miembros de la fuerza pública, a civiles y a paramilitares de ser los responsables de estos hechos. -
se examinan dentro del caso las lesiones que hayan ocurrido como consecuencia del régimen de vida en las filas, o de las sanciones impuestas a los niños y las niñas reclutados o utilizados fruto de la aplicación del régimen disciplinario de la organización guerrillera o de actividades de la fuerza pública u otra violación que como consecuencia de la violencia ejercida para forzar la vinculación de los menores de edad, y los hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento
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