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La Ley 975 surge en el marco del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, especialmente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Su objetivo era facilitar el desarme, desmovilización y reintegración de los combatientes, al tiempo que ofrecía a las víctimas verdad, justicia y reparación. -
Modifica la Constitución para permitir mecanismos de justicia transicional, allanando el camino para procesos como la JEP. -
Gobierno de Juan Manuel Santos y FARC-EP inician los diálogos en La Habana, Cuba. -
Se anuncia el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye la creación de la JEP como componente judicial. -
Eleva el Acuerdo Final al rango constitucional, dándole fuerza jurídica dentro del orden nacional. -
El acuerdo es rechazado por la mayoría de los votantes, lo que obliga a una renegociación. -
Tras un periodo de negociación con los promotores del «No», el gobierno y las FARC-EP acordaron un nuevo texto para el acuerdo de paz el cual se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá; este nuevo acuerdo fue ratificado por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes el 29 y 30 de noviembre. Incluye el diseño del Sistema Integral, con la JEP como eje de justicia para los crímenes más graves. -
Crea formalmente la JEP como órgano judicial dentro del Sistema Integral.
-Establece un título de disposiciones transitorias de la Constitución
-Crea la Comisión de Esclarecimiento de Verdad (CEV) como un ente autónomo e independiente del orden nacional
-Contribuye a la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera -
El Comité de Escogencia designa a los 38 primeros magistrados/as bajo principios de mérito, diversidad regional y de género. -
Comienza a recibir informes, abrir casos y realizar audiencias. -
La sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional de Colombia declaró exequibles varios artículos del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. -
Tiene como propósito principal convocar a 31 exintegrantes del Estado Mayor de las extintas FARC-EP a rendir versiones voluntarias sobre su participación en las retenciones ilegales de personas cometidas durante el conflicto armado colombiano. -
La Ley Estatutaria fija parámetros claros para la atención de las víctimas y la materialización de sus derechos. Así mismo, se garantizan plenamente los derechos de las víctimas a lo largo de todos los procesos en la JEP. -
Este auto representa un avance significativo en el esclarecimiento de los llamados "falsos positivos" en Colombia, al establecer responsabilidades individuales y reconocer la existencia de prácticas sistemáticas dentro de ciertas unidades del Ejército Nacional. Además, sienta un precedente para futuros procesos dentro de la JEP relacionados con violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto armado. -
El Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia, titulado “Hay futuro si hay verdad”, es el resultado de más de tres años de trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. -
Las primeras sanciones propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia fueron emitidas en octubre de 2022. Estas sanciones se aplicaron a 11 exmilitares involucrados en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", ocurridas en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Los implicados reconocieron su responsabilidad en estos crímenes y ofrecieron verdad detallada y exhaustiva sobre los hechos . -
La misión de verificación de la ONU en Colombia amplía su mandato para hacer seguimiento a las sanciones de la JEP y al cumplimiento del acuerdo.