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  Los últimos treinta y cinco años del siglo que va de la insurrección de 1810 a la Revolución de 1910
 abarcan una etapa de lento pero sostenido crecimiento. Para Hansen (1971), en estos años se vivió el
 desenvolvimiento de la producción agrícola comercial, tanto para los mercados nacionales como
 extranjeros, la desaparición gradual del artesano frente a la competencia de la fábrica.
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  En los años cuarenta, México consideró que debía industrializarse para acelerar su paso e ingresar en
 el conjunto de países llamados “desarrollados” (Puga, 1995;24). El proceso de industrialización que se
 surgió en México requería del fortalecimiento de una industria intermedia que logrará fabricar en México
 todo lo que hasta ese momento se tenía que importar del extranjero a lo que se le puede llamar como
 modelo proteccionista
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  Con el nombre de desarrollo estabilizador se conoció a la estrategia seguida durante la década de los
 años sesenta. Cuando el proteccionismo mexicano debió modificarse para solucionar el problema de la
 reducción en el ritmo del proceso de sustitución de importaciones basado fundamentalmente en un
 empresariado local.
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  A partir de 1972, el gasto público
 creciente se convierte en el eje de la política económica del gobierno
 federal, pero con expansiones y contracciones en el periodo 1972-1976. El
 déficit público, por exceso de gasto, fue financiado con crédito externo.
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  Durante el periodo postrevolucionario se adoptaron funciones económicas desde la preeminencia del
 modelo de Estado intervencionista y benefactor hasta el actual, identificado con el modelo de Estado
 neoliberal que pregona el adelgazamiento del propio Estado. Vía la aplicación de las políticas
 privatizadoras, impulsadas desde el exterior por los organismos internacionales.
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  Los principios del neoliberalismo suponen una reducción importante de la actividad económica estatal.
 En el caso de México, ésta se tradujo en la privatización de empresas públicas en la apertura de nuevos
 espacios al capital privado; en la reducción del gasto público y en la eliminación de controles sobre la producción y venta de mercancías.