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Entre los diferentes proyectos se encontraban el Banco del
Salvador, un banco de emisión, depósito y descuento, cuyo fundador, el Señor
William Francis Kelly, contaba con el apoyo del Gobierno. El intento fue fallido. -
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Empezó a funcionar el Banco Internacional de El Salvador
como banco privado emisor de billetes. El banco fue fundado mediante un
contrato entre el Ministro de Hacienda, don Pedro Meléndez y don J. F. Medina, el
5 de abril de 1880. Tenía la facultad de emitir billetes de curso legal, pagados a la
vista y al portador. Le fue concedida la facultad de emisión exclusiva por 25 años. -
El Banco Salvadoreño, que había nacido en 1885 con el nombre de Banco
Particular de El Salvador, fue creado por una concesión del Ministerio de Fomento
a los señores Mauricio Duke y Francisco Camacho. A éste también se le dio la
facultad de emitir billetes pagaderos a la vista al portador y se le autorizó para
negociar con el Banco Internacional su permiso para que sus billetes tuvieran curso
legal. Fue en 1891 que cambió su nombre a Banco Salvadoreño. -
En esta fecha fue fundado dicho Banco, es decir, éste es uno de los bancos de existencia fugaz que se fusionó con otros para mantener la existencia en el país.
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El Banco Occidental nació en noviembre de 1889. Fue fundado por don León
Dreyfus y don Emilio Álvarez y funcionaba en Santa Ana.
También obtuvo la facultad de emitir billetes pagaderos a la vista y al portador -
El Banco Agrícola Comercial fue fundado en 1895, por los señores José González Asturias y Rodolfo Duke. A éste se le facultó para emitir billetes al portador, al igual que a los otros bancos fundados anteriormente.
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La situación económica del país no era muy buena y no daba señales de mejoramiento, por lo que la Asamblea Nacional decretó una Ley Moratoria que, entre otras cosas, establecía que los billetes en circulación de los bancos emisores serían recibidos a la par de la moneda nacional de plata, en pago de las rentas internas del Estado, y se establecía la inconvertibilidad de los billetes.
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En abril de 1898, por acuerdo de su Junta General se puso en liquidación el Banco Industrial de El Salvador, que había nacido en junio de 1895.
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Se promulga la primera Ley de Bancos de Emisión, que fue reformada en 1899.
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Durante este año, ya existía el banco industrial en El Salvador junto con otros bancos que hemos venido mencionando, puesto que ya habían evolucionado mucho antes, tales como: el Banco Internacional, el Banco Salvadoreño, el Banco Occidental,
el Banco Agrícola Comercial. El banco del Salvador, como falló en su intento, por esa razón no se encuentra en este conjunto. -
El Banco Nacional de El Salvador, fundado en 1906 y liquidado en 1913.
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Este es uno de los bancos que mantenían una existencia fugaz.
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A principios de la década de 1930, funcionaban tres bancos locales con privilegio oficial de emisión de billetes al portador. Estos eran los Bancos Salvadoreño, Occidental y Agrícola Comercial y existía una sucursal del Banco de Londres y América del Sud Limitado.
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El 19 de junio de 1934, el Banco Agrícola Comercial se convierte en Banco Central de Reserva de El Salvador, centralizándose la emisión de billetes. El Banco Central nace como una sociedad anónima de economía mixta, en la que participaron los bancos que dejaron de ser emisores, la Asociación Cafetalera de El Salvador y accionistas particulares. Los bancos privados emisores existentes a esa fecha renunciaron a su derecho de emisión.
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El colapso mundial de 1929 que hizo necesaria la revisión del sistema crediticio salvadoreño y que dio origen a un plan de reforma por parte del Gobierno, fue la razón principal para la creación del Banco Central
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Asimismo, la creación del Banco tenía la finalidad de organizar mejor y más sólidamente la economía pública y privada, mediante estabilización de la moneda y la regulación del crédito.
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En diciembre de 1934, se emitió el Decreto Legislativo que contiene la Ley del Banco Hipotecario de El Salvador, definiéndole como objetivos: efectuar préstamos con garantía hipotecaria de bienes inmuebles y emitir sus propias obligaciones en forma de cédulas, certificados u otros títulos.
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Bajo este mismo razonamiento fue creado el Banco Hipotecario de El Salvador. Ambos bancos fueron creados como instituciones mercantiles concesionarias del Estado, pero de carácter particular, no oficial, para protegerlas de toda injerencia, para el buen desempeño de sus funciones.
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En enero de 1935, fue firmada la escritura de constitución del Banco Hipotecario, como sociedad anónima, que por definición legal desempeñaría un servicio de utilidad pública.
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El Gobierno comenzó a preparar el camino para que el sistema financiero apoyara el desarrollo económico del país. Como primera providencia, en la Constitución Política de 1950. En el Artículo 143 se estableció que "el poder de emisión de especies monetarias correspondía exclusivamente al Estado, el cual podrá ejercerlo directamente o por medio de un instituto emisor de carácter público".
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En 1952, el Gobierno del Coronel Oscar Osorio, utilizó los servicios de dos expertos del Fondo Monetario Internacional para investigar los siguientes puntos: si la capacidad financiera de El Salvador era suficiente para permitir un ritmo de desarrollo económico superior al que había tenido hasta entonces; si la política monetaria y crediticia, seguida hasta el momento, era la más adecuada para lograr ese mayor ritmo de desarrollo económico; y si deberían introducirse cierto cambios.
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Diagnosticó que "la estructura de la banca salvadoreña solamente podía considerarse aceptable si la actitud de los salvadoreños fuera pasiva ante la necesidad de impulsar el desarrollo de la economía nacional".
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Hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a los bancos o instituciones financieras bajo su control; fiscalizar todas las operaciones y actividades del Banco Central; vigilar las emisiones de especies monetarias y las operaciones de impresión, acuñación, emisión, canje, retiro, cancelación, desmonetización, incineración y custodia de las especies; y velar por la buena marcha de los bancos y demás instituciones financieras, vigilando su solvencia y liquidez.
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Los recursos del Fondo de Desarrollo Económico eran otorgados al usuario final por medio de todos los bancos del sistema, del Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial, la Financiera de Desarrollo e Inversión, S. A., la Federación de Cajas de Crédito y el Banco de Fomento Agropecuario.
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En ella, se le facultó para que realizara las funciones reguladoras y fiscalizadoras de las instituciones bancarias, a través de la Superintendencia del Sistema Financiero, que nació adscrita al Banco Central.
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Se decretó la Ley de Reorganización de la Banca de la Nación, que convertía al Banco Central de Reserva de sociedad anónima en entidad del Estado.
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La Ley del Banco Central de 1961 incorporó a la Superintendencia de Bancos al Banco Central de Reserva, y le concedió la máxima jerarquía.
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En ésta Ley se creó también el Fondo de Desarrollo Económico, cuyo objetivo era: financiar el desarrollo económico, definido como "un proceso de inversiones, sostenido y persistente que hace posible aplicar la tecnología intensiva y extensivamente en la producción".
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En septiembre de 1970, se decretó la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares -LICOA- con el objetivo de normar las operaciones de estas instituciones en aspectos que no estaban contemplados en el Código de Comercio vigente.
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En la década de 1970, el sistema financiero estaba constituido por bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, instituciones oficiales de crédito y organizaciones auxiliares de crédito.
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Los bancos que operaban entonces eran: Cuscatlán, Agrícola Comercial, Salvadoreño, de Comercio, de Desarrollo, Mercantil, Internacional, Capitalizador, de Crédito Popular, Hipotecario de El Salvador y de Fomento Agropecuario, así como también sucursales de Citibank, N. A. y del Banco de Londres y Montreal.
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Construcción y Ahorro, S. A. (CASA), Crédito Inmobiliario, S.A. (CREDISA), La Central de Ahorro, S. A., Crece, S. A., Atlacatl, S. A. y Ahorro Metropolitano, S. A., (AHORROMET).
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La Junta Monetaria permitiría el cumplimiento del precepto constitucional de que el Estado dispusiera de un organismo adecuado para la formulación de las medidas de política monetaria que fueran necesarias.
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Las atribuciones de la Junta Monetaria fueron las mismas ejercidas por el Banco Central a esa fecha. Sin embargo, como se consideraba que las políticas fiscal y monetaria eran esenciales para la política económica, su formulación debería ser de responsabilidad directa de los funcionarios públicos vinculados con el proceso de desarrollo del país.
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La Junta Monetaria estaba integrada por el Presidente de la República, quien presidía, el Ministro de Economía, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Agricultura y Ganadería, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica y el Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, quien actuaba como secretario de la Junta.
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En agosto de 1973, el Ministro de Economía sometió a la consideración del Poder Legislativo, el proyecto de Ley de Creación de la Junta Monetaria. El objetivo de su creación fue dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el Art. 143, de la Constitución Política de 1950 y dotar al Estado de un organismo eficaz para orientar la política monetaria en función del desarrollo económico.
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La nacionalización de la banca fue decretada el 7 de marzo de 1980 y tenía como objetivo promover una menor desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, mediante una nueva estructura de propiedad de las instituciones nacionalizadas, democratizar el crédito mediante la extensión de sus beneficios a los sujetos económicos que habían permanecido marginados y promover la utilización más racional del ahorro interno captado por el sistema financiero.
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Fue promulgado, entre otras razones, para que la canalización de los ahorros se orientara a promover el bienestar general de la población. Para esto, se "reestructuró el sistema financiero para volverlo capaz de contribuir a los esfuerzos que en adelante debería realizar el Gobierno, para acelerar el proceso de desarrollo económico y social del país".
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Como producto del problema de crisis económica y violencia que vivió el país entre 1980 y 1990 y de las graves deficiencias en los procesos de otorgamiento de créditos, la mora crediticia ascendía a más de US$434 millones, al 31 de diciembre de 1989.
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Convertir el sistema en promotor del desarrollo económico y social, de fortalecer y sanear las instituciones para privatizarlas, con el fin de lograr una base amplia de accionistas que, garantizara el correcto funcionamiento, a través de una mayor eficiencia y competitividad.
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reestructurar las instituciones fue dotar al país de bancos e instituciones financieras eficientes para apoyar el desarrollo económico nacional. Así, con base en el artículo 137 de la Ley del Régimen Monetario, la Superintendencia del Sistema Financiero procedió a intervenir a los Bancos Capitalizador, de Crédito Popular y Mercantil, por encontrarse con los mayores índices de mora en sus carteras de crédito, baja rentabilidad sin viabilidad futura y con alto riesgo para los depósitos del público
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Se comenzó a ordenar el mercado financiero aprobando la Ley de Casas de Cambio, la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la Ley de Privatización de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo y la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero...
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Con el fin de fortalecer la supervisión y fiscalización de las instituciones financieras, se aprobó la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, en diciembre de 1990.
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Evaluación de la cartera de préstamos de cada banco; constitución de reservas de saneamiento y ajuste de estados financieros, reestructuración institucional para dotar al país de instituciones eficientes con las que el Estado pueda promover el desarrollo económico y social; saneamiento de patrimonios netos; fortalecimiento de la Superintendencia y revisión del marco regulatorio y legal; privatización de las instituciones financieras mediante la venta de acciones al mayor número de inversionistas
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En mayo de 1991, se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los cambios radicales que trajo esta nueva ley a las funciones del Banco Central fueron: la prohibición de financiar directa o indirectamente al Estado (Art. 74); y la eliminación de la facultad para fijar el tipo de cambio y las tasas de interés, que desde entonces quedaron sujetas a las fuerzas del mercado.
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Banco Agrícola Comercial, Banco de Comercio, Banco Cuscatlán, Banco de Desarrollo, Banco Salvadoreño y Banco Hipotecario; Financieras: Ahorromet, Atlacatl, Construcción y Ahorro, S. A. (CASA) y CREDISA. Además funcionaban el Banco Capital (de capital extranjero) y Citibank N. A. (como sucursal del banco americano del mismo nombre).
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En mayo de 1994, fue creado el Banco Multisectorial de Inversiones y esta nueva institución se convirtió en la responsable de otorgar créditos al sector privado, a través del sistema financiero salvadoreño, asumiendo esa función que hasta esa fecha había desempeñado el Banco Central.
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Esta Ley ha sufrido posteriores reformas en septiembre de 1999, donde pasó a llamarse Ley de Bancos, pues desaparece la figura de "financieras". Según el Art. 244, a partir de la vigencia de esta Ley, la Superintendencia no podrá autorizar la constitución de sociedades que operen como financieras y las que se encuentren operando como tales, se podrán convertir en bancos en un período de tres años.
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El 1 de enero de 2001, entró en vigencia la Ley de Integración Monetaria. Esta ley estableció que el dólar estadounidense sería moneda de curso legal en el país y estableció el cambio de ¢8.75 por un dólar. La entrada en vigencia de la Ley trajo cambios drásticos en el manejo de las cuentas por parte de los bancos. A partir de esa fecha, todas sus operaciones se denominaron en dólares americanos.
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A finales de 2001, los bancos operando en El Salvador eran los siguientes: Cuscatlán, Agrícola, de Comercio, Salvadoreño, Promérica, Credomatic, Ahorromet, Uno, Americano, de Fomento Agropecuario e Hipotecario; y la Financiera Calpiá. Además, operaban en el país oficinas de los bancos extranjeros Citibank N. A., y First Commercial Bank.
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Posteriormente, en agosto de 2002, se realizaron nuevas reformas a la Ley de Bancos, específicamente en los Arts. 7, 11, 20, 24, 33, 37, 40, 41, 45, 56, 57, 60, 72, 116, 121, 126, 133, 134, 143, 154, 162, 163, 166, 167, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 190, 197, 202, 212, 224, 241, 248 adicionándose además, los artículos 166-A, 174-A, 177-A y 241-A.
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En 2007, el Banco Agrícola fue adquirido por Bancolombia y los bancos Cuscatlán y Uno pasaron a ser parte del Citigroup de Estados Unidos, conociéndose este como Citibank de El Salvador
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A diciembre de 2008, los bancos que operan en El Salvador son: Banco Agrícola (propiedad de Bancolombia); Banco Citibank de El Salvador, S.A.; Banco HSBC Salvadoreño, S. A.; Scotiabank El Salvador, S. A.; Citibank N.A., Banco de América Central S.A.; Banco Promérica S.A.; Banco Procredit S.A., Banco G&T Continental El Salvador, S. A.; First Commercial Bank, Banco Hipotecario de El Salvador S.A. y Banco de Fomento Agropecuario”.
