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Tras la Revolución Mexicana, se promulga la Constitución Política que establece las garantías individuales: educación, propiedad, trabajo digno, libertad de expresión. Es considerada pionera en materia social.
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México firma la Carta de las Naciones Unidas, comprometiéndose a respetar y promover los derechos humanos a nivel internacional.
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México adopta la DUDH aprobada por la Asamblea General de la ONU, que reconoce derechos universales, indivisibles e interdependientes.
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México firma este tratado regional que protege la vida, la libertad personal, el debido proceso y la libertad de expresión.
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México reconoce la competencia de la Corte IDH, permitiendo que las personas accedan a mecanismos internacionales cuando se agotan los nacionales.
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Se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como organismo descentralizado de la administración pública. Su función: recibir quejas, investigar y emitir recomendaciones frente a violaciones.
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La CNDH adquiere rango constitucional (art. 102 apartado B), fortaleciendo su independencia y legitimidad frente al poder público.
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Se amplían los alcances del amparo como medio de defensa contra actos de autoridad que vulneren derechos.
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Se funda el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a partir de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Nace como organismo descentralizado de la administración pública federal.
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Sustituye “garantías individuales” por “derechos humanos”.
Incorpora principio pro persona.
Reconoce tratados internacionales con rango constitucional.
Fortalece a la CNDH y demás organismos. -
Se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para coordinar políticas públicas de protección a la niñez.
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Se amplían las facultades del CONAPRED, puede emitir medidas de conciliación, propuestas de políticas públicas y campañas nacionales contra la discriminación.
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presidido por la Secretaría de Gobernación, para coordinar políticas públicas en favor de la niñez y adolescencia.
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obligando a los tres niveles de gobierno a implementar políticas integrales.
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Creación y consolidación de sistemas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.
Ampliación de la Ley de Amparo y fortalecimiento de organismos especializados (CNDH, CONAPRED, INAI, SIPINNA).