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El derecho de acceso a la información pública (DAI) consiste en un conjunto de garantías jurídicas que afirman la igualdad de los ciudadanos ante la ley, para conocer las acciones y decisiones de sus representantes y eventualmente sancionarlos por mal desempeño o recompensarlos.
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A partir de 2002 se implementaron las políticas de transparencia a fin de ayudar a reducir las asimetrías de información que causan muchos de los problemas e ineficiencias al interior de las organizaciones gubernamentales.
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A partir del entramado legal se desprende la política de transparencia, que consiste en las decisiones y los procesos aceptados por el Estado para darle contenido sustantivo a los principios democráticos de responsabilidad, publicidad e inclusión en la agenda gubernamental.
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La transparencia y el derecho de acceso a la información (DAI) son componentes esenciales de la rendición de cuentas en regímenes democráticos.
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Se trata de crear un sistema que posiciona al gobierno como plataforma de innovación. Gobierno abierto se basa en una cultura de transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas que permite la creación de nuevos emprendimientos y la generación de soluciones a retos públicos que se suscriben al desarrollo del país
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El gobierno electrónico se refiere a la firme decisión de los gobiernos por hacer uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) en los asuntos que le competen, tanto en el gobierno como en el conjunto de los servicios públicos que prestan a la sociedad a través de la administración pública y que le allegan legitimidad y razón de ser.
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El panorama general de la región es que la debilidad institucional en el diseño de políticas públicas, en la organización de programas y en la coordinación multisectorial, representan amenazas que pueden poner en riesgo el desarrollo del gobierno electrónico y evitar que este tipo de políticas presenten niveles competitivos en el ámbito internacional. México ocupó el sitio 63 en el ranking mundial, lo que representa ocho lugares menos de la posición en la que el país se ubicó en 2012.
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En 2013 se hicieron reformas al artículo 6º constitucional, las cuales garantizaron, en correspondencia con lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia, el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así́ como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
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A nivel estatal, las entidades del país también enfrentan grandes retos. El índice de derecho de acceso a la información en México (IDAIM), mide la calidad de las leyes de transparencia según las mejores prácticas nacionales e internacionales y los estándares constitucionales en la materia.
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El Open Government Partnership es una organización internacional que a través del Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project) desarrolló el índice de gobierno abierto, el cual se elabora con los datos arrojados por 100 mil encuestas aplicadas en las tres ciudades principales de cada país, con un análisis de los datos abiertos de cada gobierno, de acceso a la información, de participación ciudadana y de la eficiencia de los mecanismos de denuncia
