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Con la finalidad de que los mexicanos ejercieran su derecho de conocer información derivado de los actores públicos, se establece la normatividad con la cual se obliga a transparentar la gestión pública y el ejercicio del poder a todas las instituciones de gobierno, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, sindicatos y personas que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad.
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Se llevo a cabo un seminario en la ciudad de Oaxaca, donde medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información lo que derivo en la llamada Declaración de Oaxaca, la cual se basa en 10 principios.
La LFTAIP tuvo dos componentes: el reconocimiento de que los ciudadanos puedan solicitar información al gobierno federal y que estos deben entregarla, así como la construcción de un entramado de instituciones y de procesos para implementar el DAI. -
Jalisco
Sinaloa
Aguascalientes y Querétaro
la LFTAIP de orden Federal invitaba a los estados a normar sobre transparencia, pero no otorgaba un marco general sobre el que se regulara la transparencia a nivel Estatal. -
La Ley Federal de Acceso a la Información Publica Gubernamental implementó a nivel normativo e institucional el DAI, con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) y la obligación de ciertas instituciones (sujetos obligados) a dar acceso a la información de forma pasiva y de forma proactiva –es decir, mediante solicitudes de acceso a la información, pero también a través de la publicación de información relevante para los usuarios.
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La finalidad de este instrumento jurídico fue ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información para que el Estado mexicano adoptara el nuevo paradigma de gobierno abierto.
Buscaba reducir espacios de opacidad y discrecionalidad en la gestión pública y ampliar la participación ciudadana en favor
de la transparencia. Se modifico el catalogo de sujetos obligados poder ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos -
SNT es producto de una demanda ciudadana, que mandata al Estado la rendición de cuentas, evaluación y sistematización de la probidad institucional para fortalecer y asegurar la transversalidad de los paradigmas del desarrollo humano en las acciones gubernamentales, apoyar la prevención y combate a la corrupción y evitar que los objetivos de las dependencias del gobierno se desvíen. Como tal, demanda independencia, autonomía y legalidad.