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Surgen las primeras preocupaciones documentadas en torno a la evaluación en la administración pública mexicana.
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Se inician intentos de reformas dirigidos a procesos de planeación y evaluación durante la administración de López Portillo, derivados de la Comisión de Administración Pública (CAP).
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Se promulga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que menciona por primera vez unidades administrativas para realizar actividades de evaluación de políticas.
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Se publica la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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Se crea la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), enfocada en la modernización de la administración pública.
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Se implementa la Nueva Estructura Programática (NEP), permitiendo identificar con mayor claridad en el presupuesto los recursos vinculados a resultados.
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Inicia el programa Progresa (posteriormente Oportunidades y Prospera), siendo la primera intervención federal en contemplar una evaluación externa de impacto desde su diseño.
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Se establece la obligatoriedad de que los programas federales con subsidios cuenten con Reglas de Operación (ROP) públicas.
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La Cámara de Diputados aprueba que todos los programas sujetos a ROP deben someterse a una evaluación externa anual.
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Se crea la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como órgano técnico de la Cámara de Diputados para fiscalizar el uso de recursos federales.
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Se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), reforzando la publicidad de la información gubernamental.
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La Secodam se transforma en la Secretaría de la Función Pública (SFP), incorporando funciones de evaluación de la gestión.
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Se publica la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la cual institucionaliza la evaluación de programas sociales y crea el CONEVAL.
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Se promulga la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que crea formalmente el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
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Se publican los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales, regulando la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
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Se realiza una reforma constitucional que integra el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y se promulga la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
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Se establece el mecanismo de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para dar cauce a los resultados de las evaluaciones externas.
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Se publica la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye formalmente las auditorías de desempeño.
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Se adiciona a la LGCG la obligatoriedad de publicar los programas anuales de evaluación, metodologías e indicadores de desempeño en las páginas electrónicas de las entidades.
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A nivel subnacional, se crea en Jalisco el Consejo Técnico Independiente para la Evaluación de Políticas Públicas mediante el Decreto 002/2013.
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Se publica la reforma constitucional que otorga autonomía constitucional al CONEVAL.
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Se publican los Lineamientos Generales para el Monitoreo y Evaluación de los Programas Públicos del Gobierno de Jalisco.
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Se crea el fideicomiso Fondo EVALÚA Jalisco como mecanismo para garantizar el pago de evaluaciones externas.
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Inicia el esquema de remuneración variable basado en resultados del sistema gpr en algunas instituciones públicas.
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Publicación de la obra "EVALÚA Jalisco", que documenta la trayectoria de la evaluación de políticas subnacionales en México.