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Se realizaron proyectos de extracción de Oro en la zona del río Andágueda. Su gran mayoría de manera ilegal e informal.
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En este año se definió la contratación de la Interconexión Eléctrica S.A del “proyecto Rio Sinú” que también contribuyo al desplazamiento de varios Embera de la zona.
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Se posicionaron las guerrillas del EPL, las FARC y el ELN en el territorio Embera
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el proyecto es entregado a la Corporación Regional de Energía Eléctrica de la Costa Atlántica, la cual a su vez contrató a la Compañía rusa “V.O. Energomachexport” para el diseño, suministro y montaje del equipo hidroeléctrico en el “ proyecto Rio Sinú”
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el Gobierno Colombiano declara el área como “utilidad pública e interés social” ubicando el progreso nacional por encima de la cosmovisión y costumbres de los pueblos indígenas allí asentados, por lo tanto, una vez constituida la Empresa Multipropósito Urrá S.A, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le autorizó la licencia ambiental para la construcción final del proyecto, razón por la cual se inicia el desvío del Rio Sinú y por ende la comunidad tuvo que desplazarse.
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La Corte Constitucional que obligó a los dueños de la hidroeléctrica a detener el llenado del embalse y el trámite de la consulta previa con las comunidades además de estipular que cada miembro, de manera individual, debía ser indemnizado durante veinte años, tiempo considerado prudente por la Corte para que los indígenas se adaptaran a su nueva forma de vida. Lo que produjo un desplazamiento masivo de las comunidades que habitaban la zona.
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Provocan incendios de caseríos, secuestros y desapariciones forzadas, confinamientos, amenazas de muerte por supuestas ayudas a la guerrilla y reclutamiento de niños, niñas y jóvenes.
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Pertenecientes al Resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta en la región de Caldas. Un grupo de hombres armados que portaban uniformes camuflados y brazaletes de las AUC realizan un control de identidad entre los pobladores y tras identificar a los líderes indígenas, los asesinan. De igual manera, hacen desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas como métodos de intimidación. Por estos hechos aproximadamente 250 indígenas se vieron obligados a desplazarse
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Lo que conllevó al desplazamiento forzado de las comunidades Embera Catío y Embera Chamí debido a las amenazas directas e indirectas, masacres, asesinatos de familiares y vecinos, combates y reclutamiento forzado durante sus ocho años de gobierno.
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La secretaria de gobierno y acción social les prestaron asistencia humanitaria y suplieron algunas de sus necesidades básicas. Luego de esto se ubicaron en los barrios La Favorita, Estanzuela, La Pepita, entre otros. Para esta fecha se documento desnutrición crónica en los niños menores de 10 años en la población.
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La corte constitucional documento en el Auto 004 que para 2009 los Emberas se habían declarado en emergencia humanitaria porque la guerra que se libraba en sus territorios había ocasionado “muertes, desapariciones, desplazados y amenazas, en particular muertes de líderes”. Están en peligro de ser exterminados cultural y físicamente por el conflicto armado interno y han sido violados sus derechos fundamentales individuales y colectivos
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Se realiza en la zona el Proyecto de Erradicación del trabajo infantil, y se encontraron 14 niños embera Katio y embera chami trabajando en las calles, o acompañando a sus padres mientras realizaban estas labores
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Un concejal les consiguió trabajos a algunos hombres de la comunidad embera en el jardín botánico. Fueron afiliados a Famisanar EPS y pasaron del sistema subsidiado al contributivo, por lo que fueron bloqueados en la base de datos del Fondo de solidaridad y garantías FOSYGA. Una vez dejaron de trabajar perdieron la posibilidad de recibir atención medica gratuita, y quedaron desprotegidos en cuanto al sistema de salud.
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La llegada de emberas a Bogotá se incrementó debido al desarrollo del conflicto armado en Pueblo Rico y Mistrató, en Risaralda, y Bagadó, en Chocó
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El Ministerio de Educación, el de Salud, el ICBF y el Incoder entre otras instituciones. Las promesas en él consignadas, nunca se cumplieron. La materialización de esos compromisos estaba a cargo de 53 entidades estatales que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
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Se presentan enfrentamientos entre el ELN y los grupos post desmovilización de las AUC, por el dominio del territorio del Bajo Baudó y Pie de Pató en el cual está posicionado el ELN en los últimos años. Estos enfrentamientos ocasionaron el desplazamiento de 11 familias y el confinamiento de 300 personas que habitan en el municipio de Pie de Pató debido a la prohibición de la movilización fluvial
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De la población indígena del municipio del Alto Baudó,alrededor de 400 familias se desplazan forzadamente hacia Quibdó y el Medio Baudó, en busca de soluciones efectivas (ONIC, Autoridad Nacional de Gobierno Indígena).
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Debido a la presencia del Eln, que intentaba copar espacios que eran controlados por el frente Aurelio Rodríguez de las Farc antes de que avanzaran los diálogos de La Habana.
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Esas advertencias dan cuenta de que el proceso de desplazamiento podría continuar. Además, el retorno de las comunidades que se encuentran en precarias condiciones en Bogotá complica más la situación de orden público.
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se establecieron compromisos para mantener interlocuciones que eviten inconvenientes entre los entes gubernamentales y la comunidad Embera, ya que la Policía les quita las artesanías y el ICBF dice que no pueden pedir dinero ni trabajar con los niños en las calles.
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