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establecía despacho de Gobernación del Reino para la Península e islas adyacentes, y de Gobernación del Reino para Ultramar.
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Constitución de Apatzingán, preveía la Secretaría de Gobierno.
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Por Decreto de 8 de noviembre de 1821 quedó organizado el gobierno (Poder Ejecutivo) en cuatro secretarías. A una de ellas, se le dio el nombre de Relaciones Exteriores e Interiores. Entre otras funciones, se encargaba de lo que sea puramente de Estado y en caso de ausencia del emperador o regencia del reino, de despachar todos los asuntos del reino
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Las Siete Leyes establecieron la primera república central; en la Ley Cuarta --que habla de la organización del Supremo Poder Ejecutivo— dispone el nombramiento de un Ministro del Interior
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En la Sección Primera, sobre el Supremo Gobierno, se dispuso el establecimiento de cinco secretarías de Estado. Una de ellas fue la de Relaciones Interiores, Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública
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seis secretarías. Una de ellas, la de Estado y del Despacho de Gobernación que tenía, entre otras atribuciones: las electorales, relaciones con el Congreso de la Unión y los estados de la República, policía y tranquilidad pública y observancia de la Constitución
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Mediante el Decreto, Venustiano Carranza, dispuso una reorganización de la Administración Pública en ocho secretarías, incluida una Secretaría de Gobernación con atribuciones de gobernabilidad, administración, policía, trabajo y beneficencia
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le devolvió la denominación de Secretaría de Gobernación. La dependencia comenzó a desarrollar propiamente sus funciones como responsable de la política interior y la gobernabilidad e institucionalizó los procesos políticos nacionales en términos del proyecto revolucionario establecido por la Constitución
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Actualmente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976) afianzan las atribuciones de diálogo, enlace, facilitación y coordinación de las políticas públicas del Gobierno Federal
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establece los lineamientos para la consolidación de la cultura de la legalidad y el fortalecimiento del Estado democrático de Derecho