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La Masacre de Mapiripán es el nombre con que se conocen los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en el municipio Mapiripán del departamento del Meta, Colombia, que costó la vida de un número no determinado de ciudadanos en manos de grupos paramilitares provenientes de diferentes partes del país.
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Dias antes de la Masacre llegó de Montería (Córdoba), dos aviones llenos de armamento militar el cual fue guardado en un hospedaje en la ciudad de San José de Guaviare, la logística fue coordinada por el coronel Lino Sánchez, el sargento Juan Carlos Gamarra (quien pertenecía a la inteligencia militar) y el paramilitar jefe de zona apodado Rene, también se realizarón las gestiones para conseguir los carros y lanchas que trasladaran a los miembros de las autodefensas al Municipio de Mapiripán.
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En esta fecha llegaron dos aviones cargados con los últimos paramilitares provenientes de Apartadó y Necoclí.
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El día 13 de julio algunos paramilitares parten de San José de Guaviare hacia mapiripan por medio de lanchas, vehículos todo terreno y camiones,
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Después de la llegada de los paramilitares a Mapiripán, el 15 de julio antes de arribar al poblado cometieron los primeros homicidios en la madrugada.
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Durante 5 días con sus noches los habitantes estuvieron a la merced de los criminales, cinturones militares evitaban la salida, las casas eran allanadas, buscando papeles, libros o cualquier elemento que involucrara a sus moradores con la guerrilla
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Con una “lista negra” previamente elaborada antes de la incursión, capturaban, torturaban, desmembraban, desvisceraban y degollaban a sus víctimas, muchos de los infortunados terminaron arrastrados por el caudaloso río Guaviare. Mientras tanto, otras perosnas salieron desplazadas del lugar.
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Desde el 21 de julio,Los habitantes fueron evacuados vía aérea, fluvial y por carretera por la Cruz Roja Internacional, llevados a Villavicencio la capital del departamento y San José de Guaviare, en esta última ciudad, en el aeropuerto algunos paramilitares estaban presentes recibiendo entrenamiento militar, a pesar de la presencia del Ejército y Asesores de Estados Unidos.
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Los colombianos conocen por los medios de comunicación la magnitud de los asesinatos, y se inicia la investigación de la Fiscalía y señalamientos a los militares y a la policía.
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El Ejército proveniente de Calamar llegaría al municipio hasta el 23 de julio, informando que no encontró perturbación del orden público ni elementos sospechosos en la zona.
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El 25 de marzo de 1999, el ya Coronel Hernán Orozco, es llamado a indagatoria por la Fiscalía, este Coronel es amenazado, al igual que su familia, por militares y particulares. Su hermano Andrés (Jefe de un grupo Gaula del Ejército) es asesinado. Orozco termina exiliado en los Estados Unidos con su familia.
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Son citados por el caso a la Procuraduría, la directora de la DIAN Fanny Kertzman y al general (r) de la Policía José L. Gallego, para ampliar la declaración del ex secretario de Antioquia Pedro Moreno, quien los acusa de amenazarlo sí no colabora manteniéndose callado, ya que este último señala que el general (r) le mando a decir que sabia de antemano lo que ocurriría y la participación del Ejército Nacional y del Ejército de los Estados Unidos en la Masacre,
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La Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía llamo a juicio al general Uscátegui. En declaraciones publicadas por la Revista Cambio, el general afirma que es inocente, cuestiona la responsabilidad de otros mandos militares y da a entender que durante el juicio podría aportar pruebas sobre los nexos entre los paramilitares y el ejército.
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La Comisión presentó ante la Corte la demanda en el caso 12.250, Masacre de Mapiripán, contra Colombia, que concierne la violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal), en perjuicio de las víctimas de la masacre en Mapiripán.
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El 26 de enero de 2004, es demandado el Estado Colombiano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, (CEJIL), y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, voceros legales de los familiares de las víctimas.
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El Gobierno de Colombia le solicita al Tribunal de la OEA que lo declare no responsable y no obligarlo a los reclamos de los familiares de las víctimas.
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dos ex jefes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada confesaron hace poco que otras 22 personas habrían sido asesinadas en Mapiripán entre el 7 y el 22 de agosto de 2004.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano como responsable por la masacre, al determinar que servidores estatales y particulares coordinaron las acciones que producirían la matanza.
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La Corte emitió sentencia sobre el fondo del caso. En ella, declaró violados en perjuicio de las víctimas del caso los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, La Corte declaró también que el Estado violó en perjuicio de quienes fueron niños y niñas desplazados de Mapiripán los derechos de los niños consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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En abril de 2007, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condena en ausencia al desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño Gil a 28 años y dos meses de cárcel, a pesar de que Castaño había sido declarado muerto por la Fiscalía en septiembre de 2006
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Una resolución de sentencia emitida por el organismo penal internacional, indica que el Estado colombiano reconoció al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso como responsable de la masacre de Mapiripán, y aun así fue extraditado a los Estados Unidos en mayo de 2008 bajo los cargos de narcotráfico y lavado de activos.
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Caravana de sobrevivientes Después de doce años de la masacre de Mapiripán sobrevivientes de la misma regresan al lugar donde una vez fueron sacados desplazadamente,
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A 40 años de prisión el Tribunal Superior de Bogotá condenó al oficial, que ya había sido absuelto por un juez por este mismo caso. Por estos mismos hechos ya habían sido condenados también a 40 años de prisión el coronel retirado del Ejército Lino Hernando Sánchez Prado, y los suboficiales retirados José Miller Urueña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo.
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Supuesta victima Mariela Contreras fue uno de los supuestos sobrevivientes de la masacre de Mapiripán que recibieron millonarias indemnizaciones por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese tribunal condenó al Estado colombiano por la muerte de su esposo y la desaparición forzada de dos de sus hijos en esa incursión paramilitar de 1997.
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Una fiscal de Justicia y Paz manifestó que el número total de víctimas fueron 13 y no 53 como se precisó en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado por la participación de militares en la masacre.
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El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le solicitó a la fiscal General, Viviane Morales que asuma la investigación por las irregularidades en el número de víctimas en la masacre de Mapiripán ocurrida en julio de 1997.
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La Fiscalía General citó para la primera semana de diciembre a seis personas, señaladas de haberse hecho pasar como víctimas en la masacre de Mapiripán
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Comisión del ejecutivo colombiano viajó a Costa Rica a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir la revisión del fallo condenatorio por la masacre de Mapiripán. Gobierno pedirá no repetición de condenas por falsas víctimas de masacres.
